El Gobierno colombiano prepara compra de empresas de oro en poder de la SAE tras repunte histórico del metal
La orden llegó con una crítica directa al Bando de la República
El presidente Gustavo Petro dio un nuevo giro a la política minera del país al instruir al Ministerio de Minas y Energía para que adquiera las compañías auríferas administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La orden llega en un momento clave, cuando el precio internacional del oro superó por primera vez los 4.000 dólares por onza, una cifra que refleja el auge global de los activos refugio frente a la inestabilidad económica.
“He ordenado al Ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE”, manifestó el mandatario, al destacar que la medida busca fortalecer la minería legal y debilitar las estructuras criminales que operan alrededor del comercio del metal. Según explicó, el propósito es iniciar la compra directa de oro en las regiones productoras y avanzar en la titulación de los pequeños mineros. “Inicie de inmediato compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente pequeños mineros y sacar las mafias del oro. O se legalizan o salen”, enfatizó.
La instrucción presidencial también incluyó una crítica directa al Banco de la República por las recientes operaciones de venta de oro. Petro calificó esa estrategia como un error de política económica. “Que el Banco de la República haya vendido el oro colombiano y no esté comprando el oro en las regiones es un gran descalabro financiero”, dijo.
La depreciación del dólar
El ascenso del metal precioso, que alcanzó su cotización más alta en la historia reciente, ha sido impulsado por la depreciación del dólar, el interés de los bancos centrales y la creciente desconfianza de los inversionistas frente a los mercados tradicionales. Para los analistas, este contexto convierte al oro en un activo estratégico no solo en términos financieros, sino también políticos, especialmente para países productores como Colombia.
Con esta decisión, el Gobierno busca ampliar el control estatal sobre una de las industrias más lucrativas y, al mismo tiempo, más permeadas por la ilegalidad. En medio del auge del precio internacional, el Ejecutivo pretende que el oro colombiano deje de ser motor de economías criminales y se consolide como fuente de desarrollo formal y sostenible.
