Defensa de Álvaro Uribe formaliza apelación contra condena por soborno y fraude procesal
La Procuraduría también pidió que sea revocada la pena
Este miércoles, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez oficializa la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la condena de 12 años de prisión impuesta por la jueza 44 Penal del Circuito, Sandra Heredia, en un caso de presunta manipulación de testigos. El recurso, que se presenta con una prórroga de dos días concedida por la jueza debido a la extensión del expediente judicial (más de 1.100 páginas), busca que se revoque el fallo emitido el pasado 28 de julio.
El equipo jurídico de Uribe, liderado por Jaime Granados, insiste en que el proceso estuvo marcado por irregularidades y asegura que existen fundamentos para cuestionar la legalidad de varias de las pruebas utilizadas para dictar sentencia. Entre ellas, destacan las interceptaciones telefónicas que, según la defensa, fueron ordenadas originalmente contra otro congresista —Nilton Córdoba— pero que por error terminaron incluyendo comunicaciones del expresidente, quien para entonces ocupaba una curul en el Senado.
En dichas grabaciones, Uribe dialoga con su abogado Diego Cadena sobre gestiones relacionadas con posibles retractaciones de testigos como el exparamilitar Juan Monsalve, quien lo había vinculado con estructuras de autodefensa. La defensa sostiene que estas conversaciones no prueban una instrucción directa para manipular testigos y que, además, su interceptación carece de validez legal.
La grabación de Monsalve en 2018
Otro de los elementos que será rebatido en la apelación es la grabación hecha por Monsalve en la cárcel La Picota en 2018, utilizando un dispositivo oculto. En ese audio, considerado clave por la Fiscalía, se escucharía al abogado Cadena haciendo supuestos ofrecimientos de beneficios judiciales. La defensa argumenta que ese registro también es ilegal y que no puede ser valorado como prueba en el proceso.
Uribe, por su parte, ha reiterado su inocencia y ha insistido en que nunca dio órdenes a su abogado para alterar testimonios. Según su versión, las supuestas retractaciones fueron iniciativas personales de internos que se comunicaron con él por medio de terceros.
En paralelo a la apelación de la defensa, la Procuraduría General de la Nación también elevó un recurso ante el mismo Tribunal. En su escrito de más de 80 páginas, el delegado Bladimir Cuadro Crespo señala que “los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación”. El Ministerio Público sostiene que no se logró demostrar con certeza que Uribe tuviera conocimiento o control sobre las acciones atribuidas a Cadena, por lo que solicita la absolución.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, compuesta por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán, deberá emitir una decisión antes del próximo 16 de octubre, fecha en la que el proceso prescribiría si no se emite un fallo en segunda instancia. Merchán será el ponente de la decisión.
En caso de que el resultado de la apelación sea objeto de nuevas controversias por cualquiera de las partes involucradas —defensa, Fiscalía, Procuraduría o víctimas—, el caso podría ser llevado a la Corte Suprema de Justicia, encargada de la última palabra en sede de casación penal.
Mientras tanto, se mantienen vigentes otras acciones legales presentadas por la defensa del expresidente. Una de ellas, una tutela que busca revocar la detención domiciliaria impuesta por la jueza Heredia, argumenta que Uribe ha comparecido voluntariamente ante la justicia y ha asistido a todas las audiencias del proceso. No obstante, dicha solicitud ya fue rechazada por el Tribunal, aunque su estudio de fondo aún está pendiente.
También se encuentra en revisión una impugnación contra un fallo anterior que negó una tutela por presunta vulneración al debido proceso. Esta controversia, así como la participación del magistrado Ramiro Riaño —quien se declaró impedido a inicios de 2025—, ha sido elevada a la Corte Suprema para su estudio.
Con la radicación de esta apelación, el caso entra en una fase decisiva, en medio de uno de los procesos judiciales más sensibles y mediáticos que ha enfrentado un expresidente en Colombia.
