Fiscalía inspecciona sede de Colombia Humana
El operativo se deriva de la investigación que se le está haciendo a la campaña presidencial de 2022
La Fiscalía General de la Nación realizó en la tarde de este miércoles una diligencia de inspección en la sede del movimiento Colombia Humana, como parte de una investigación que busca esclarecer el manejo de los recursos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La actuación incluye la revisión de documentos contables y financieros, así como la verificación de los reportes presentados ante las autoridades electorales.
El procedimiento judicial, que también involucra al entonces gerente de campaña Ricardo Roa Barragán, se enfoca en determinar si hubo posibles irregularidades en la financiación o si la campaña superó los topes de gasto establecidos por la ley. Esta diligencia ocurre mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en una investigación paralela, cuya decisión de fondo se espera para el 13 de noviembre.
De acuerdo con información del expediente, existen inconsistencias entre los ingresos y los egresos reportados por la campaña en la primera vuelta electoral. Los registros muestran gastos por $28.384 millones, frente a ingresos declarados por $19.477 millones, una diferencia que llevó al CNE a profundizar en la revisión de los soportes financieros.
La polémica donación
Uno de los puntos en análisis es una donación de $500 millones atribuida al sindicato Fecode, aportes que están siendo examinados para determinar si se ajustaron a la normatividad que regula la financiación de campañas políticas.
La ponencia que será discutida próximamente por la sala plena del CNE incluye al movimiento Colombia Humana, a la Unión Patriótica y a los responsables financieros de la campaña presidencial, ante la posibilidad de sanciones económicas o administrativas. En caso de confirmarse irregularidades, el organismo podría incluso contemplar la suspensión de la personería jurídica del partido.
Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la recopilación de testimonios y la verificación de la documentación contable para establecer si los hallazgos del CNE podrían tener consecuencias penales, especialmente por presunta financiación con recursos de origen prohibido o por el incumplimiento de los topes de gasto electoral.
