Seguridad, economía y reforma del Estado marcarían la agenda del nuevo Congreso
En el frente administrativo, el presidente electo ha reiterado su intención de reducir el tamaño del aparato estatal.
El Congreso que iniciará funciones el próximo 20 de julio tendrá sobre la mesa un amplio paquete de proyectos que definirán buena parte del rumbo del gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre las iniciativas previstas figuran cambios en la estructura del Estado, reformas en materia de seguridad, modificaciones tributarias y proyectos relacionados con el desarrollo económico y la descentralización.
Uno de los asuntos con mayor urgencia será la discusión de la ley de competencias, considerada indispensable para implementar la reforma al Sistema General de Participaciones. La norma establecerá cómo se distribuirán las responsabilidades entre la Nación, los departamentos y los municipios, de cara al incremento gradual de los recursos que recibirán las entidades territoriales a partir de 2027 para sectores como salud, educación y agua potable.
En el frente administrativo, el presidente electo ha reiterado su intención de reducir el tamaño del aparato estatal. Durante la campaña aseguró que buscará disminuir el número de ministerios y reorganizar varias entidades del orden nacional como parte de una estrategia para hacer más eficiente el funcionamiento del Gobierno. «Tenemos que hacer más pequeño el Estado. Hay 19 ministerios, eso con nueve o diez es suficiente», dijo.
El Presupuesto General de la Nación
Otro de los proyectos que concentrará la atención del Legislativo será el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuya discusión comenzará una vez el Ministerio de Hacienda presente la propuesta correspondiente. Ese documento definirá los recursos con los que trabajará la nueva administración durante su primer año completo de gobierno.
En materia rural, el Ejecutivo también deberá decidir el futuro de la ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural, iniciativa que no logró completar su trámite durante la legislatura anterior. La propuesta busca establecer las reglas de funcionamiento de esa jurisdicción especializada para resolver conflictos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra.
La política de seguridad también tendrá un espacio relevante en la agenda parlamentaria. De la Espriella anunció durante su campaña que modificará la estrategia de paz aplicada por el gobierno saliente, por lo que se espera una reforma a la Ley 418 de orden público para ajustar las herramientas jurídicas relacionadas con el tratamiento de los grupos armados ilegales.
En el sector energético, uno de los debates previstos girará alrededor del fracking. Mientras la administración de Gustavo Petro impulsó iniciativas para impedir esta técnica de extracción de hidrocarburos, el nuevo mandatario ha manifestado su respaldo a su implementación bajo criterios de protección ambiental con el propósito de aumentar la producción nacional de petróleo.
El Gobierno entrante también iniciará la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, documento que orientará las principales políticas públicas durante el cuatrienio y que será discutido con distintos sectores antes de su radicación formal en el Congreso.
En el ámbito económico, otra de las propuestas anunciadas contempla una reforma tributaria enfocada en disminuir la carga impositiva para empresas y ciudadanos. Entre los cambios planteados durante la campaña figuran la eliminación del impuesto al patrimonio, del gravamen del cuatro por mil, del impuesto a los combustibles y ajustes al impuesto de renta corporativa.
La seguridad ciudadana también hará parte de las prioridades legislativas. El presidente electo ha manifestado su intención de promover modificaciones al Código Penal para endurecer las sanciones frente a determinados delitos, combatir la reincidencia y agilizar los procesos de extinción de dominio.
Finalmente, el nuevo gobierno buscará impulsar una reforma constitucional para restablecer la cadena perpetua para asesinos y abusadores de menores de edad, una propuesta que ya había sido aprobada por el Congreso en un periodo anterior, pero que posteriormente perdió vigencia tras una decisión de la Corte Constitucional.
