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Archivan investigación contra exalcaldes por coliseo “Happy Lora”

Se investigaban presuntos sobrecostos en la remodelación de dicho escenario deportivo.

La Procuraduría General de la Nación ordenó el archivo definitivo de la investigación disciplinaria contra los exalcaldes de Montería, Carlos Eduardo Correa y Marcos Daniel Pineda García, por el caso del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora; se investigaban presuntos sobrecostos en la remodelación de dicho escenario deportivo.

La Procuraduría ratificó que en la remodelación del Coliseo, de Montería, no hubo detrimento ni irregularidades. La procuradora General, Margarita Cabello Blanco, confirmó que en ese proyecto no hubo sobrecostos y que hoy funciona a cabalidad.

“En el marco de la obra no se evidencia detrimento patrimonial, las obras están cumplidas en un 100%… Existe una equivalencia entre los giros desembolsados por el Municipio y el avance del proyecto.

Lo más importante, la obra está comportando 100% funcionabilidad, es más, no solamente ha servido como escenario deportivo.

En el marco de la pandemia que hoy aqueja al mundo presta un gran servicio…”, sostuvo Luis Carlos Torregrosa, abogado de los exalcaldes.

El Ministerio Público consideró que “el plazo de la investigación disciplinaria se encuentra vencido y no está demostrada la existencia de un sobrecosto alguno atribuible a los ex mandatarios”.

De acuerdo con la Procuraduría, los exalcaldes no tenían a su cargo el seguimiento contractual de los contratos bilaterales cuestionados, incluyendo la liquidación del mismo.

“Se concluye que no está validada objetivamente la presencia de falta alguna ni reposa probanza que comprometa la responsabilidad de Carlos Eduardo Correa y Marcos Daniel Pineda.

El curso de la acción jurídico procesal es ordenar la terminación y el consecuente archivo de la actuación disciplinaria”, indicó la Procuraduría.

En octubre de 2019, un fallo similar ya había sido dado por la Contraloría General de la República, que tampoco encontró irregularidades.

El proceso de responsabilidad fiscal se abrió en 2014, cuando una auditoría regular del ente de control determinó que en ese momento el avance financiero del contrato era mayor al avance de obras y evidenció presuntas fallas constructivas.

El monto total del convenio fue de $12.186.900.265, valor que se mantuvo durante el tiempo de ejecución de la obra, pues no hubo adiciones.

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