Ocho investigados en caso Lili Pink rechazan cargos
El proceso judicial que involucra a ocho personas relacionadas con la cadena de almacenes Lili Pink continúa avanzando luego de que los procesados decidieran no aceptar los delitos imputados por la Fiscalía. En las audiencias también salieron a la luz interceptaciones telefónicas, evidencias documentales y nuevos detalles sobre la investigación.
La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por un presunto esquema de lavado de activos y contrabando asociado a la cadena de almacenes Lili Pink entró en una nueva etapa tras la audiencia de imputación de cargos contra ocho personas vinculadas al caso, quienes se declararon inocentes y optaron por enfrentar el proceso judicial.
De acuerdo con el ente acusador, la organización habría utilizado la actividad comercial de la empresa para incorporar al sistema financiero recursos de origen ilícito. Según la información expuesta durante la diligencia, las operaciones relacionadas con el supuesto lavado de activos superarían los 730.000 millones de pesos, mientras que el presunto contrabando alcanzaría un valor superior a los 75.000 millones.
Entre los elementos presentados por la Fiscalía figuran interceptaciones telefónicas que, según la investigación, evidenciarían conversaciones sostenidas al interior de la compañía una vez comenzaron las actuaciones de las autoridades.
Uno de esos registros correspondería a un diálogo entre Max Abadi, cofundador de la empresa, y la gerente de recursos humanos, Rosana Mendoza, en el que presuntamente analizaban mecanismos para identificar a las personas que estarían suministrando información a los investigadores. Dentro de las alternativas discutidas, la Fiscalía señaló que se contempló la posibilidad de practicar pruebas de polígrafo a trabajadores de diferentes áreas.
Las diligencias ante la DIAN
El material probatorio también incluye documentación obtenida durante diligencias adelantadas junto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según la exposición realizada en audiencia, las autoridades encontraron mercancía con doble marquilla, una práctica que ahora hace parte de las líneas de investigación por su posible relación con el ingreso irregular de productos al país.
A ello se suman registros contables, videos de los procedimientos de inspección y trazabilidad de contenedores que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habrían sido utilizados dentro del presunto esquema investigado.
Paralelamente, el ente investigador abrió otra línea de indagación para establecer si existieron filtraciones de información desde el interior de la propia institución que hubieran permitido alertar anticipadamente a los implicados sobre actuaciones judiciales y operativos en preparación.
Con base en los elementos recopilados, la Fiscalía solicitó que los ocho procesados sean cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al considerar que existen fundamentos suficientes para restringir su libertad mientras avanza el proceso.
La defensa, entretanto, pidió al juez que sus representados continúen vinculados a la investigación sin necesidad de una medida privativa de la libertad o, en su defecto, bajo condiciones menos restrictivas.
Será el juez de control de garantías quien determine en los próximos días la situación jurídica de los investigados y defina bajo qué condiciones continuará uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con presuntos delitos económicos en el país.
