Karen Manrique se presenta ante la Policía en Arauca tras medida de aseguramiento de la Corte Suprema
La congresista llegó voluntariamente a instalaciones de la Sijín para atender el requerimiento judicial, en medio del proceso que adelanta el alto tribunal.
La senadora electa Karen Manrique se puso a disposición de las autoridades la tarde del miércoles 11 de marzo en el municipio de Tame, Arauca, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara una medida de aseguramiento en su contra dentro de la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La congresista llegó voluntariamente a instalaciones de la Sijín para atender el requerimiento judicial, en medio del proceso que adelanta el alto tribunal. Aunque la dirigente política se presentó ante la Policía, aún no se ha expedido formalmente una orden de captura en su contra, por lo que las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para legalizar su situación y no se descarta que sea trasladada a Bogotá para continuar con las diligencias judiciales.
La entrega de Manrique se produjo después de que circularan versiones sobre una posible salida del país hacia Venezuela por la frontera de Saravena, información que quedó descartada tras su presentación ante la Policía.
Una de las curules de paz
La senadora representa una de las curules de paz del departamento de Arauca y logró la reelección en los comicios legislativos del pasado 8 de marzo con más de 5.000 votos. Su circunscripción abarca municipios como Arauquita, Fortúl, Saravena y Tame.
En declaraciones a La FM, el abogado Andrés Garzón, quien asume su defensa, explicó que su clienta decidió comparecer ante las autoridades en cumplimiento de la decisión judicial. “Siempre ha estado dispuesta a presentarse a la justicia y a cumplir con los mandatos de la sala”, afirmó.
El jurista indicó además que la congresista afronta el proceso con tranquilidad, pues “sabe que no cometió ningún delito”. Según Garzón, la medida adoptada por la Corte resulta “innecesaria”, al considerar que el caso se refiere a un único delito y a hechos que, en su concepto, no guardan relación con la pérdida de recursos públicos. También sostuvo que durante el juicio buscarán demostrar que “no hubo ninguna actuación ilícita de Karen Manrique”.
A pesar de las críticas a la decisión judicial, la defensa aseguró que acatará lo ordenado por el alto tribunal. “Hay que presentarse y hay que poner la cara frente a la justicia”, añadió el abogado.
La investigación que adelanta la Corte Suprema analiza un presunto acuerdo entre congresistas para respaldar créditos internacionales del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos vinculados a proyectos de la Ungrd. Las obras comprometidas tendrían un valor cercano a los 90.000 millones de pesos y estarían relacionadas con iniciativas en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
En el expediente, el nombre de Manrique aparece asociado a supuestos intentos de direccionar contratos en el municipio de Saravena, presuntamente a cambio de apoyar la aprobación de dichos créditos. Parte de la información que sustenta la investigación proviene de chats entregados al alto tribunal por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien colabora con la justicia.
Dentro del mismo proceso, la Corte también ordenó la captura del congresista Wadith Manzur, quien obtuvo más de 134.000 votos en las elecciones del 8 de marzo. Ambos son investigados por el delito de cohecho impropio.
En el caso también figuran otros legisladores llamados a juicio por su presunta participación en el esquema: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. A diferencia de Manrique y Manzur, ellos continuarán vinculados al proceso sin medidas que restrinjan su libertad.
Las diligencias judiciales continúan en desarrollo mientras se definen los próximos pasos frente a los implicados en este escándalo que involucra a congresistas y contratos destinados a proyectos para la atención y prevención de emergencias en distintas regiones del país.
