Caso Miguel Uribe: Fiscalía retira imputación al director de la UNP
La imputación por presunto prevaricato por omisión contra Augusto Rodríguez Ballesteros fue retirada horas después de ser anunciada. La investigación continuará, pero ahora en manos exclusivas del Grupo de Tareas Especiales creado para el caso.
Un giro inesperado marcó el proceso judicial que involucraba al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros. La Fiscalía General de la Nación dejó sin efecto la imputación de cargos en su contra por el presunto delito de prevaricato por omisión, apenas cuatro horas después de que esta hubiera sido formalizada.
La decisión no representa un archivo del caso ni un cierre definitivo de las indagaciones relacionadas con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Por el contrario, la Fiscalía optó por reorganizar internamente el expediente y concentrar todas las actuaciones en el Grupo de Tareas Especiales conformado para investigar el atentado contra el entonces precandidato presidencial.
De acuerdo con el ente acusador, la imputación fue retirada al establecerse que la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, quien solicitó la audiencia fijada para el 11 de febrero de 2026, no hacía parte del equipo especial creado mediante la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025. Esa resolución asignó de manera exclusiva la competencia del caso a un grupo especializado, liderado por el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía.
La explicación de la Fiscalía
En un comunicado oficial, la Fiscalía explicó que “luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la UNP y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores”.
El propósito de esta determinación, según el organismo, es evitar eventuales nulidades procesales y garantizar que la investigación avance de forma unificada bajo el equipo designado para casos de alto impacto. En los próximos días está prevista una mesa técnica entre el grupo especial y la fiscal que adelantaba inicialmente el proceso, con el fin de revisar el material probatorio y fortalecer la línea investigativa.
El señalamiento contra Rodríguez Ballesteros surgió a partir de los elementos recopilados por el abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay. En ese trabajo se sostiene que el senador y su entorno habrían enviado al menos 23 solicitudes de refuerzo del esquema de seguridad a la UNP sin recibir una respuesta efectiva.
El día del atentado, ocurrido el 7 de junio de 2025, un sicario logró acercarse a menos de dos metros de Uribe Turbay, quien contaba únicamente con tres escoltas, pese a ser considerado uno de los dirigentes políticos con mayores niveles de riesgo en el país.
En su momento, la Fiscalía había indicado que “una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión. Esto, en atención a que no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay”.
Rodríguez, por su parte, calificó la imputación inicial como una actuación con “tinte político” y defendió su gestión al frente de la UNP. Desde la Presidencia también se insistió en que el proceso debía manejarse con criterios técnicos y sin interferencias externas.
Ahora, toda la revisión sobre posibles fallas en la protección de Miguel Uribe Turbay queda en manos del Grupo de Tareas Especiales. Allí se evaluará no solo la actuación de la UNP, sino también hechos relevantes como la decisión del propio Uribe Turbay de transferir su esquema de seguridad a su esposa, un aspecto que sigue bajo análisis y que podría tener implicaciones en la determinación de responsabilidades administrativas o penales.
La Fiscalía reiteró que el retiro de la imputación no desestima las alertas ni los informes existentes, sino que responde a una reorganización interna para asegurar que el caso avance bajo la autoridad competente y con todas las garantías procesales.
