Corte Suprema respalda extradición de “Chiquito Malo” y “Max” por narcotráfico y lavado de activos
Aunque los conceptos emitidos por la Corte son favorables, la última palabra la tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, quien deberá decidir si autoriza o no las extradiciones, conforme a las competencias que le otorgan la Constitución y la ley.
Dos expedientes de alto impacto por narcotráfico transnacional avanzaron esta semana en la Corte Suprema de Justicia, que avaló la entrega a Estados Unidos de dos ciudadanos colombianos señalados de integrar o apoyar estructuras criminales con alcance internacional. Se trata de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y de Camilo Esteban Betancourt Rosero, alias Max, requeridos por cortes federales norteamericanas.
Uno de los conceptos favorables corresponde a Ávila Villadiego, solicitado por la justicia del Distrito Sur de Florida para responder por cargos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, sustentados en una acusación formal emitida en junio de 2022. En el análisis del caso, el alto tribunal tuvo en cuenta información que lo vincula con el Clan del Golfo, organización criminal dedicada a la producción y exportación de cocaína desde el norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, utilizando rutas marítimas y cargamentos en contenedores.
El proceso evidenció que el interés de las autoridades estadounidenses no es reciente. Desde 2015 se habían adelantado gestiones para su arresto provisional con fines de extradición, las cuales fueron retomadas y formalizadas nuevamente en 2022 con base en la acusación presentada ante una corte federal. Al emitir su concepto, la Corte fijó condiciones estrictas que deberán cumplirse si el Gobierno autoriza la entrega, entre ellas que el extraditado no sea juzgado por hechos diferentes a los incluidos en la solicitud, que no reciba sanciones distintas a las previstas y que no se le imponga la pena de muerte. También se estableció la obligación de garantizar “el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares”.
Varios cargos en su contra
En una decisión distinta, el alto tribunal también respaldó la extradición de Camilo Esteban Betancourt Rosero, requerido por una corte del Distrito Este de Texas. En su contra figuran cargos por narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, alias Max estaría involucrado en operaciones financieras destinadas a ocultar y legalizar recursos provenientes del tráfico de cocaína, con presuntos nexos con el cartel de Sinaloa y con estructuras relacionadas con la Segunda Marquetalia.
En este caso, Betancourt Rosero aceptó someterse al trámite de extradición simplificada, procedimiento que implica renunciar al juicio ordinario siempre que la decisión sea libre y consciente. La Procuraduría General de la Nación avaló el proceso tras constatar que no se vulneraron sus derechos fundamentales. Dentro del expediente se incorporó la declaración jurada de un agente especial de la DEA, en la que se describe el funcionamiento de una organización que produciría entre 15 y 20 toneladas mensuales de cocaína, parte de las cuales tendría como destino final el mercado estadounidense.
Aunque los conceptos emitidos por la Corte son favorables, la última palabra la tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, quien deberá decidir si autoriza o no las extradiciones, conforme a las competencias que le otorgan la Constitución y la ley.
