Deuda en alza y tijera al gasto: el ajuste fiscal con el que Colombia entra a 2026
El Gobierno autorizó una emisión histórica de deuda para financiar el presupuesto de 2026 mientras ejecuta un recorte extraordinario al gasto público de 2025, en medio de presiones fiscales, menor recaudo y restricciones de caja.
El panorama fiscal con el que Colombia inicia 2026 combina dos decisiones de alto impacto: un mayor endeudamiento interno para sostener el presupuesto del próximo año y un recorte significativo al gasto público vigente. Ambas medidas reflejan las tensiones que enfrenta el Ejecutivo para mantener el equilibrio de las finanzas estatales.
Por un lado, el Ministerio de Hacienda dio luz verde a una amplia colocación de Títulos de Tesorería (TES), autorizando emisiones por hasta 152 billones de pesos destinadas a financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026. Estos instrumentos de deuda permitirán al Estado obtener recursos en el mercado financiero, con plazos que van desde el corto hasta el largo término y condiciones variables según el tipo de título.
La mayor parte del cupo aprobado está orientada a cubrir las apropiaciones presupuestales del próximo año, mientras que una porción relevante se destinará a operaciones temporales de tesorería, una herramienta clave para enfrentar compromisos inmediatos y manejar la liquidez en un contexto de estrechez fiscal.
Un cierre de caja bajo
Esta estrategia de financiamiento se adopta tras un cierre de 2025 marcado por un nivel de caja excepcionalmente bajo, lo que redujo el margen de maniobra del Gobierno frente a eventuales choques económicos. Aunque el recaudo tributario mostró señales de recuperación durante el año, los ingresos no alcanzaron las metas oficiales, ampliando la brecha fiscal.
En paralelo, el Ejecutivo tomó una decisión de ajuste inmediato: recortar en 16,2 billones de pesos el Presupuesto General de la Nación de 2025. El recorte, formalizado a finales de diciembre, responde al fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso y a la necesidad de cumplir con los límites impuestos por la regla fiscal.
El impacto del ajuste se concentra en sectores estratégicos. Programas de educación superior enfrentan una reducción significativa de recursos, mientras que entidades del sector salud deberán operar con presupuestos más ajustados. También se verán afectados organismos vinculados a infraestructura, tierras y programas de paz, lo que anticipa retrasos en proyectos y una ejecución más austera del gasto público.
Desde el Gobierno se reconoce que la situación fiscal sigue siendo frágil. La combinación de menor recaudo, mayores obligaciones financieras y restricciones legales obliga a priorizar el endeudamiento y a limitar el gasto, configurando un escenario complejo para la gestión económica en el corto y mediano plazo.
