Daniel Quintero: a juicio disciplinario
La Procuraduría hizo el llamado oficial a juicio al exalcalde de Medellín
El proceso penal por el caso Aguas Vivas entró este 21 de noviembre en una fase decisiva. La Fiscalía abrió la etapa de juicio contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras doce personas —entre exfuncionarios y particulares— por su presunta participación en un entramado que habría permitido a privados intentar cobrar más de 53.000 millones de pesos por un predio que ya hacía parte del patrimonio del Distrito.
Mientras el caso avanza en estrados, surgen nuevos documentos que, según fuentes cercanas a la investigación, podrían aportar elementos sobre cómo se habría construido una narrativa favorable a los reclamantes. Uno de ellos es un derecho de petición enviado al Ministerio de Vivienda en enero de 2021 por el entonces secretario general, Jhonatan Villada Palacio, cuyas preguntas coinciden con argumentos que luego presentaron los particulares acusados de peculado por apropiación.
Además de Quintero, ya están en juicio ocho exfuncionarios señalados de presunto interés indebido en la celebración de contratos. Entre ellos figuran Ingrid Vanessa González, Yina Marcela Pedroza, Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez, Alethia Carolina Arango y Leidy Jiménez. La acusación también alcanza a los representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas —Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda— y a Juan Manuel Villegas, cuya participación en el proyecto Aguas Vivas ha sido documentada desde años atrás.
El expediente con las pruebas
La fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción presentó un expediente con 3.930 pruebas, entre ellas inspecciones judiciales, correos, avalúos, informes técnicos y registros que detallan la oposición de funcionarios de carrera a la conciliación propuesta por los particulares.
El conflicto jurídico se originó en un predio localizado entre El Poblado y Las Palmas. Ese lote había sido cedido gratuitamente al Distrito en 2019 como cumplimiento de obligaciones urbanísticas, pero la administración posterior avaló gestiones que terminaron en una reclamación por más de 57.000 millones de pesos, suma soportada en un avalúo comercial que multiplicó exponencialmente el valor del terreno.
La Fiscalía sostiene que, ante la negativa de los tribunales para aprobar la conciliación, la Alcaldía devolvió el predio aun cuando ya estaba registrado como bien fiscal. La discusión se agravó meses después, cuando el gobierno de Quintero expidió el decreto 412 de 2023, que modificó las condiciones de uso del lote, incrementando su valor. La norma fue reversada al inicio de la actual administración.
Aunque algunos documentos recientes podrían aportar contexto sobre las conexiones entre funcionarios y particulares, expertos advierten que ya no pueden ser incorporados en el juicio en curso; cualquier revisión deberá iniciar un proceso independiente.
El inicio de esta fase judicial es considerado un hecho excepcional: solo el 6,8 % de los procesos penales en Colombia llega a esta instancia, de acuerdo con cifras de la corporación Excelencia en la Justicia. Las víctimas del caso esperan que las próximas audiencias sean fijadas para los primeros meses de 2026 y que se avance sin dilaciones hacia una decisión de fondo.
