El colegio donde desapareció Valeria Afanador deberá cerrar sus puertas
La Gobernación concluyó un proceso administrativo en el que determinó responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de los deberes que exige la prestación del servicio educativo.
Casi un año después de la tragedia que conmocionó a Colombia, las autoridades de Cundinamarca tomaron una decisión que marca un nuevo capítulo en el caso de Valeria Afanador: el colegio donde la niña desapareció durante una jornada escolar recibió una sanción que contempla la cancelación de su licencia de funcionamiento.
La medida golpea directamente al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución que quedó en el centro de la controversia desde agosto de 2025, cuando la menor de 10 años salió de la vista de docentes y directivos sin que nadie pudiera explicar cómo ocurrió.
La Gobernación concluyó un proceso administrativo en el que determinó responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de los deberes que exige la prestación del servicio educativo. Como resultado, ordenó el cierre del establecimiento una vez termine el calendario académico de 2026.
Indignación nacional
El caso generó indignación nacional debido a las circunstancias que rodearon la desaparición de la estudiante. Mientras sus familiares la buscaban desesperadamente, decenas de uniformados, rescatistas y organismos de emergencia recorrían terrenos, vías rurales y sectores cercanos al río Frío tratando de encontrar alguna pista. Durante más de dos semanas no hubo respuestas.
La angustia terminó convirtiéndose en tragedia cuando el cuerpo de Valeria fue hallado en el afluente, muy cerca de la institución educativa donde había sido vista por última vez.
La muerte de la menor abrió una serie de interrogantes que todavía siguen sin disiparse por completo. ¿Cómo pudo una niña desaparecer dentro de un entorno que debía garantizar su protección? ¿Por qué nadie advirtió a tiempo su ausencia? ¿Existieron fallas en los controles internos del plantel?
Esas preguntas han estado presentes durante toda la investigación y son precisamente las que han llevado a las autoridades a revisar la actuación de quienes tenían la responsabilidad de velar por la seguridad de los estudiantes.
Paralelamente, la Fiscalía mantiene abiertas sus propias indagaciones para establecer si hubo omisiones que puedan derivar en consecuencias penales. De hecho, dentro del proceso ya se han impulsado actuaciones contra personas vinculadas a la institución.
La decisión administrativa tampoco pone punto final al caso. El colegio aún puede acudir a los recursos legales previstos para controvertir la sanción, por lo que continuará operando mientras se define de manera definitiva su futuro.
Entretanto, para la familia de Valeria y para una comunidad que aún recuerda con dolor aquellos días de búsqueda e incertidumbre, la decisión de las autoridades representa uno de los pronunciamientos más contundentes adoptados hasta ahora en torno a una tragedia que sigue dejando preguntas sin respuesta.
