Nuevo giro en el caso Miguel Uribe Turbay: preso habría reclutado desde su celda al adolescente que lo asesinó
Las investigaciones siguen en marcha y cada vez más involucrados reciben justicia
La investigación por el crimen del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue destapando detalles escalofriantes. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Jhorman David Mora Silva, un hombre que, pese a estar tras las rejas por hurto, habría desempeñado un papel clave en la planeación del atentado.
De acuerdo con el ente investigador, Mora Silva contactó desde prisión al joven de 15 años que terminó disparando contra el dirigente político el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. A través de una videollamada, el recluso habría convencido al menor de ejecutar el ataque y, después, lo habría comunicado con Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, señalado de coordinar la entrega del arma y los pormenores de la acción criminal.
En audiencia, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, uso de menores en la comisión de delitos y concierto para delinquir. Aunque las pruebas lo vinculan directamente con la red que ejecutó el asesinato, el procesado se negó a aceptar los cargos.
Toda una estructura criminal
Las autoridades sostienen que Mora Silva pertenece a una estructura criminal que opera en la capital, dedicada a sicariatos y al tráfico de drogas. Su nombre ya figuraba en las pesquisas como parte del engranaje que apoyó a los autores materiales y logísticos del crimen.
Entre los demás implicados están Carlos Eduardo Mora González, condenado a 21 años de cárcel por su papel en la vigilancia de la zona y la entrega del arma; Katerine Andrea Martínez Martínez, quien trasladó el arma modificada; William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, involucrado en la selección del menor; y Harold Daniel Barragán Ovalle, acusado de dirigir la preparación del arma y coordinar el reclutamiento del adolescente.
El joven de 15 años que ejecutó el ataque ya fue sancionado con siete años de privación de la libertad en un centro especializado, luego de aceptar su responsabilidad dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Con esta nueva imputación, la Fiscalía estrecha el cerco sobre la red criminal que, incluso desde la cárcel, habría tramado uno de los asesinatos políticos más impactantes de los últimos años en Colombia.
