La ruta del contrato: conexiones políticas y presiones en el millonario proyecto de Sahagún
Sneyder Pinilla compareció ante la Corte Suprema de Justicia
Una cadena de mensajes, reuniones y gestiones políticas alrededor de un contrato por más de 22 mil millones de pesos tiene en el centro de la atención judicial al senador Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, y a exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las nuevas revelaciones hechas ante la Corte Suprema de Justicia por Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres, no solo añaden nombres a la trama, sino que revelan el funcionamiento interno de un esquema que habría buscado acelerar, bajo el amparo de la emergencia, contratos con presunto direccionamiento político.
Un proyecto en Sahagún
El proyecto en cuestión es una obra de canalización en Sahagún (Córdoba), municipio donde cada invierno las inundaciones afectan a miles de personas. Pinilla relató que fue el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, quien lo presentó al senador Chagüi en una reunión en la que se habló de “dar trámite urgente” al proyecto. A partir de allí, se estableció una relación que quedó documentada en conversaciones que Pinilla entregó como prueba ante la Corte.
Entre los elementos clave aportados por el exfuncionario están los mensajes de WhatsApp que sostuvo tanto con Chagüi como con Yacir Ramírez, asesor de la subdirección de desastres. Allí se pactaron fechas de visitas técnicas, se intercambiaron nombres de contactos locales y se discutieron ajustes al proyecto para facilitar su aprobación.
Uno de los mensajes de Ramírez dice:
—“Listo doc, ya coordino el tema para visita la próxima semana el miércoles. Viajo martes 12 y regreso el miércoles. Ya estoy solicitando los tiquetes.”
En otro mensaje, Ramírez se refiere a obstáculos administrativos para concretar un viaje:
—“Doc, qué pena, los tiquetes para el viaje mañana a Sahagún no están aún aprobados por dirección, falta la aprobación de dirección general y secretaria general.”
También hay registros de comunicaciones que evidencian la urgencia interna para destrabar documentación vencida:
—“Doc, que pena, tenemos dificultades con la consecución de respuesta a cargo de Yasir Antonio, por favor presiónalo para que nos apoye con el documento, esta vencida.”
Aunque el contrato terminó siendo viabilizado por más de $22.090 millones, algunos de los intercambios sugieren que la formulación original del proyecto enfrentó resistencias técnicas y discusiones sobre su denominación. En uno de los mensajes, Ramírez afirma:
Y Pinilla responde:
—“Toca que lo cambien.”
Un audio presentado como prueba da cuenta de tensiones con la administración local de Sahagún:
—“Hay un teléfono roto, esos manes de Sahagún se fueron por otro lado. Mire lo que me acaban de escribir, que ya lo tienen viabilizado por la subdirección de reducción. Entonces realmente no sé qué hacer ahí.”
Pero el foco del proceso ahora está en determinar el papel que jugó el senador Chagüi, cuya participación va más allá de una simple gestión política. En una conversación con Pinilla, le pidió:
—“Pásame el nombre del proyecto, porfa. El ministro va para Hacienda a hacer eso, me lo pidió.”
En otra ocasión, le comentó:
—“Tranquilo, era para comentarle que acabo de salir de reunión con el ministro del Interior. En la tarde hablamos, abrazo.”
La hipótesis que investiga la Corte Suprema es que hubo presión para priorizar el contrato como “obra de emergencia”, lo que habría permitido eludir trámites técnicos y facilitar una adjudicación directa. Este mecanismo, si se comprueba su uso indebido, podría configurar delitos relacionados con el direccionamiento contractual, tráfico de influencias y abuso de función pública.
El expediente hace parte de una investigación más amplia que ya suma más de $28 mil millones en contratos bajo sospecha en el marco del escándalo de la UNGRD, uno de los mayores casos de presunta corrupción dentro del actual gobierno.
