Presentan nuevo proyecto de Ley de Sometimiento en Colombia
El contendido del proyecto ha dado mucho de qué hablar, por lo que hay amplias expectativas en todo el país
El Gobierno Nacional ha decidido reactivar una discusión postergada y crucial para el futuro de la paz en Colombia: la creación de un marco normativo claro para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Justicia, contempla la conformación de una mesa institucional con participación de las altas cortes y del Congreso de la República, y busca llenar un vacío legal que por años ha limitado la capacidad del Estado para enfrentar de manera estructural a los grupos armados ilegales.
Aunque el país ha transitado por distintas fases de negociación con actores armados —algunas más exitosas que otras—, la persistencia de la violencia y el surgimiento de nuevas estructuras criminales, como las disidencias de las Farc y las bandas ligadas al narcotráfico, han evidenciado los límites de las herramientas actuales. Sin una legislación específica para el sometimiento, el Estado ha tenido que recurrir únicamente a los mecanismos de la justicia ordinaria, que no están diseñados para lidiar con procesos colectivos de desmovilización y cooperación judicial. El nuevo proyecto, que será discutido con todas las ramas del poder público, propone rutas diferenciadas según el tipo de actor armado.
Mientras que organizaciones con carácter político podrán optar por negociaciones de paz, como en el caso del ELN, las bandas criminales deberán acogerse a la justicia bajo condiciones estrictas: entrega de armas, aportes efectivos a la verdad y reparación a las víctimas.
Con una instancia conjunta
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, confirmó la creación de una instancia conjunta para revisar la propuesta en profundidad: “A la Ley de la Paz Total, sí, ya lo conversamos sobre eso, inclusive se iba a conformar una mesa institucional con todas las ramas del poder público para revisar de fondo esa situación con la rama judicial y el Congreso de la República y por supuesto el Ejecutivo para revisar muy bien esta nueva propuesta de paz total”.
Uno de los objetivos centrales del proyecto es dar seguridad jurídica tanto al Estado como a los grupos que consideren someterse. Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se trata de crear condiciones que permitan una transición legal sin convertir el proceso en un escenario de impunidad.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, afirmó. También fue enfático en señalar que no se eliminarán las penas privativas de libertad: “Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”.
El proyecto llega en un momento decisivo para la política de “Paz Total” del Gobierno de Gustavo Petro. Existen actualmente acercamientos con estructuras armadas como Comuneros del Sur y agrupaciones urbanas de Medellín, pero los equipos negociadores han insistido en la necesidad de contar con una norma clara que permita ofrecer incentivos jurídicos diferenciados y verificables. De lo contrario, sostienen, el proceso pierde credibilidad y eficacia.
La discusión que se abre ahora en el Congreso no será solamente técnica o jurídica, sino profundamente política. “Entonces ya será una decisión política del Congreso. Si ellos ven que definitivamente es que no hay un ánimo de paz, pues sencillamente se cierra la posibilidad de cualquier acuerdo negociado”, concluyó el ministro Osuna.
Con esta nueva etapa, el Gobierno busca no solo avanzar en sus apuestas de pacificación, sino también corregir años de improvisación normativa frente al tratamiento de estructuras criminales. La pregunta de fondo será si esta vez el Congreso está dispuesto a asumir el reto.
