Proceso contra Uribe suma nuevo capítulo con eventual declaración de Salvatore Mancuso
El abogado Miguel Ángel del Río, quien actúa en representación de las víctimas, aseguró que la declaración de Mancuso tendría un peso significativo dentro de la investigación
El proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja continúa avanzando y podría incorporar un nuevo elemento determinante con la participación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
El abogado Miguel Ángel del Río, quien actúa en representación de las víctimas, aseguró que la declaración de Mancuso tendría un peso significativo dentro de la investigación que busca esclarecer los hechos ocurridos entre 1996 y 1997, periodo en el que Uribe ejercía como gobernador de Antioquia.
De acuerdo con Del Río, el testimonio del excomandante paramilitar aportaría información relevante sobre la actuación de las estructuras armadas ilegales en esa época y podría contribuir a la incorporación de nuevas evidencias dentro del expediente.
“Esa es una de las declaraciones más importantes de un jefe paramilitar, que relaciona precisamente los hechos ocurridos en esos años con el despliegue de las fuerzas paramilitares. Se tiene prevista a futuro para el proceso también (…) y seguramente existirá la construcción de nuevos elementos materiales probatorios para fortalecer precisamente ese llamado a indagatoria”, explicó.
El representante de las víctimas manifestó que están pendientes de que la Fiscalía defina la fecha de la diligencia y anticipó que la defensa del exmandatario estaría preparando nuevas actuaciones jurídicas dentro del proceso.
Entretanto, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, expresó su inconformidad con la decisión, argumentando que aún existen pruebas solicitadas por la defensa que no han sido practicadas, pese a haber sido autorizadas y posteriormente prorrogadas por la Fiscalía.
Según Granados, resulta inesperado que se avance hacia una indagatoria sin que previamente se hayan agotado todas las actuaciones procesales pendientes.
El caso, que ha permanecido durante años en distintas etapas judiciales, entra ahora en una fase decisiva que podría redefinir el rumbo de una de las investigaciones más sensibles relacionadas con el conflicto armado y la responsabilidad de altos funcionarios públicos en Colombia.
