Tráfico de influencias en la Dian: investigación de la Corte Suprema salpica a figuras clave del poder político
El alto tribunal está adelantando la investigación con el objetivo de llegar a la verdad. Son varias los funcionarios públicos involucrados
La Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación que podría convertirse en uno de los escándalos más graves de clientelismo de los últimos años en Colombia. El caso gira en torno a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y revela cómo se habría utilizado la entidad para pagar favores políticos y repartir cargos entre aliados del Gobierno y congresistas de diferentes partidos.
Según revelaciones publicadas por Semana, la investigación se basa en un extenso expediente de 11 cuadernos que incluye chats, hojas de vida y correos electrónicos enviados al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes. Todo el material fue recolectado bajo orden de la magistrada Cristina Lombana, quien lidera la indagación.
Lo que empezó como un cruce de mensajes privados se ha transformado en una radiografía detallada de las presiones políticas que operaban desde distintas orillas del poder. Los mensajes dan cuenta de una intensa actividad de recomendación y presión para la designación de funcionarios en puestos estratégicos, especialmente en oficinas regionales clave para la lucha contra la evasión y el contrabando.
El exjefe de Despacho, entre otros
Entre los nombres que aparecen en el expediente figura Alfredo Saade, excandidato presidencial y cercano al presidente Gustavo Petro, quien habría gestionado durante meses el nombramiento de un recomendado en la Dian de Cúcuta. También se registran comunicaciones con el exministro Armando Benedetti, quien remitió varias hojas de vida a la entidad en los primeros días del actual gobierno.
Otra figura involucrada es Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, quien durante su paso por la Presidencia habría enviado solicitudes de ascenso para funcionarios de la Dian, además de promover ajustes en la planta de personal.
El alcance del caso es amplio. En total, 65 congresistas y excongresistas fueron mencionados, entre ellos nombres de peso como Roy Barreras, quien, según los registros, entregó personalmente hojas de vida a Reyes y dejó una advertencia simbólica: «cuidado con que le rompan las piernas», en referencia a las consecuencias políticas de no cumplir con los pedidos.
Además de legisladores de distintas bancadas, el expediente salpica a mandatarios regionales como Dilian Francisca Toro y Rodrigo Villalba, así como a exfuncionarios del Ejecutivo, secretarios de despacho, contratistas y particulares.
La Corte ya solicitó a la Dian verificar el historial laboral de cada una de las personas mencionadas, con el objetivo de establecer si las gestiones derivaron en contratos, ascensos o traslados dentro de la entidad. Se trata de un paso clave para determinar si hubo o no violación al principio de mérito en el acceso a cargos públicos.
Este caso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la politización del Estado y la utilización de las entidades públicas como herramientas de negociación política. Las consecuencias judiciales podrían extenderse en varias direcciones, afectando a figuras de alto nivel tanto del oficialismo como de la oposición.
