Transportadores en alerta por ley de financiamiento
Líderes del gremio sostienen que la situación afectada a los menos favorecidos
Una fuerte preocupación se ha generado en el gremio transportador frente al proyecto de ley de financiamiento impulsado por el Gobierno nacional, el cual podría encarecer de manera significativa el precio del diésel en Colombia. Según cálculos de la Asamblea Nacional del Transporte, el galón de ACPM podría aumentar hasta en $2.500 si la reforma tributaria se aprueba como está, lo que pondría en jaque la sostenibilidad del sector.
En un comunicado enviado a la opinión pública, la organización calificó la iniciativa como “una bomba de tiempo” que no solo afectaría a los pequeños propietarios de camiones, sino que también tendría repercusiones directas en el costo de vida de los colombianos, especialmente en los sectores más vulnerables.
El gremio explicó que cerca del 70% de los productos que se consumen en el país son transportados por carretera, y que cualquier incremento en el costo del combustible se verá reflejado en los precios finales de alimentos, medicamentos y bienes básicos.
“La gente no se da cuenta, pero un aumento en el diésel impacta de inmediato la cadena logística. Los costos del transporte se trasladan al consumidor final. Esto no es solo un problema del sector, es un problema nacional”, aseguró Alejandro Quiroga, presidente de la Asamblea Nacional del Transporte.
Quiroga fue enfático al señalar que la aplicación de los nuevos impuestos al diésel —específicamente el IVA, el impuesto al carbono y el de los hidrocarburos— pondría en riesgo de bancarrota a miles de pequeños transportadores. “Solo en el primer año, estaríamos asumiendo más de 14 millones de pesos adicionales por camión. Eso es insostenible para el 80% del gremio, que está compuesto por propietarios con un solo vehículo”, dijo.
Las afirmaciones de Petro
El dirigente también respondió a recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien señaló que quienes consumen más gasolina o diésel son las personas con mayores ingresos. Para Quiroga, ese enfoque es equivocado. “El presidente confunde el uso del combustible para fines personales con el uso productivo. Una familia pobre tal vez no tenga carro, pero sí depende de los productos que se transportan a diario en camiones. Todo lo que comemos, vestimos y usamos, llega en un vehículo que funciona con diésel”, explicó.
Desde el gremio insisten en que se deben reconsiderar las medidas fiscales que afectan directamente a la cadena de suministro del país. Consideran que el debate no puede centrarse únicamente en objetivos fiscales, sino en las implicaciones sociales y económicas que puede tener una decisión de este tipo.
El llamado al Congreso es claro: revisar los artículos que afectan al sector transportador antes de que la ley se convierta en un detonante de crisis. “Somos un sector silencioso, pero esencial. Solo nos hacen visibles cuando paramos. Hoy estamos hablando para evitar que eso pase”, concluyó Quiroga.
La discusión legislativa continúa y, con ella, crece la presión por parte de los gremios que temen que esta reforma tenga un efecto dominó sobre la economía real.
