Por “falsos positivos” la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exmilitares
Este lunes la Sala de Reconocimiento de la JEP dio a conocer que imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exintegrantes del Ejército, un exmiembro del DAS y dos terceros civiles por 303 víctimas de ‘falsos positivos’ en Casanare, que en su mayoría fueron hombres entre los 18 y 25 años.
Dentro de los fallecidos hay nueve mujeres, una de ellas en embarazo, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad cognitiva y una persona con orientación sexual e identidad de género diversa; es por ello que por primera vez la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
La Sala de Reconocimiento de la JEP estableció que bajo el mando del mayor general en retiro Henry William Torres Escalante se incrementó la presentación artificial de resultados operacionales en esta región del oriente del país.
Según la JEP, en la Brigada XVI se implantaron ataques organizados y a gran escala con la intención de quitarle la vida a personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate, en más de 218 eventos, valiéndose del organismo institucional del Ejército en Casanare entre 2005 y 2008, también en algunos municipios de Boyacá, Meta y Tame (Arauca).
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Entre los 22 militares hay dos que siguen activos, el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz y el capitán Miguel Andrés Sierra García.
Dentro del caso 03 que investiga ‘falsos positivos’, se documentó cómo haciendo uso de su estructura, la conformación con militares que sabían como realizar estos actos y una mayor afluencia de recursos para pagos de información con recursos públicos, el Gaula Casanare, que tenía alrededor de 70 personas, logró resultados parecidos consistentes en asesinatos a los obtenidos por el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) conformado por más de 1.000 hombres.
También, la JEP concluyó que en algunos casos se utilizó a menores de edad como reclutadores o para que participaran de los engaños a las víctimas que terminaban muertas, por tal razón por primera vez se imputa el crimen de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes por involucrar menores de 18 años como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas de las víctimas.
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