Con nueva ponencia laboral, domingos y festivos se pagarían diferente
El documento también introduce incentivos para enfrentar la informalidad laboral, una de las falencias más señaladas en versiones anteriores del proyecto.
En la nueva versión de la reforma laboral que será debatida en la Comisión Cuarta del Senado, uno de los ajustes más llamativos tiene que ver con el pago de los recargos dominicales y festivos. La ponencia plantea un tratamiento diferenciado: mientras los domingos se remunerarían con un recargo del 100 %, los festivos solo lo harían al 75 %. Esta modificación responde a las críticas de sectores económicos que consideran excesivo el costo de los recargos, especialmente en actividades como la vigilancia. Además, el aumento dominical sería gradual: se pagaría un 80 % desde julio de 2025, subiría al 90 % en 2026 y alcanzaría el 100 % en 2027.
El documento también introduce incentivos para enfrentar la informalidad laboral, una de las falencias más señaladas en versiones anteriores del proyecto. Se incluye un subsidio denominado “Crea empleo”, enfocado en promover contrataciones de mujeres, jóvenes y personas que llevan tiempo sin trabajo. Otro avance es la figura de la Unidad de Trabajo Especial (UTE), que permitirá cotizar por días o por horas, lo que favorecería especialmente a trabajadoras domésticas y otros oficios por jornada, facilitando su acceso a prestaciones como cesantías y primas.
Medidas contra la informalidad y el desempleo
Aunque se reconoce un avance en incluir medidas contra la informalidad y el desempleo, el texto no cuenta con el respaldo unánime de los ponentes. El senador liberal John Jairo Roldán, coordinador del trámite, no firmó la ponencia mayoritaria y expuso diferencias con algunos puntos, como el que da trato especial a las microempresas en materia de jornada diurna. En ese caso, se propone que las mipymes conserven el límite actual hasta las 9 p. m., en lugar de reducirlo a las 7 p. m., como se plantea para el resto de empresas. La medida ha generado tensiones, incluso dentro del Gobierno, que criticó el tratamiento diferencial por considerar que afecta a una parte considerable de la fuerza laboral.
En materia de tiempo laboral, el texto recoge la ley que reduce la jornada a 42 horas semanales y abre la posibilidad de distribuirlas entre cuatro y seis días. Así, un trabajador que complete sus horas en menos días podría disfrutar de hasta tres jornadas de descanso a la semana, siempre que exista un acuerdo con el empleador.
Respecto a la contratación, se busca limitar la duración de los contratos a término fijo, un mecanismo que ha sido utilizado para evitar la vinculación laboral estable. La ponencia propone que estos contratos no puedan renovarse más allá de cinco años, frente a la posibilidad actual de extenderlos indefinidamente.
Finalmente, mientras el Gobierno insiste en que su proyecto original ha sido desvirtuado, sectores del Congreso defienden la ponencia por considerar que introduce mejoras técnicas y busca consensos reales. La senadora Aída Avella, en representación del Pacto Histórico, presentó un documento alternativo para mantener viva la versión oficialista. El debate apenas comienza y se anticipa una sesión cargada de tensiones políticas y discusiones técnicas.
