A Pierre García, señalado por corrupción, no lo enviaron a la cárcel
En un reciente desarrollo del caso de corrupción que involucra a Pierre García, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se ha determinado que no será enviado a la cárcel mientras continúa el proceso de investigación en su contra. Una jueza de control de garantías de Bogotá ha decidido que no existen motivos suficientes para solicitar esta medida, considerando que no se han presentado pruebas que indiquen que García planea fugarse. Aunque la solicitud de la Fiscalía de medida de aseguramiento en centro carcelario fue considerada «excesiva», se han establecido otras medidas de aseguramiento que deberá cumplir García durante el desarrollo del caso.
Antecedentes del caso
El exdirector del DPS, Pierre García, ha estado siendo investigado por su presunta participación en un escándalo de corrupción que ha revelado la existencia de una organización criminal que direccionaba contratos de obra civil con fondos estatales para beneficiar a congresistas y contratistas cercanos al antiguo director del departamento. La imputación de cargos se realizó en diciembre de 2023 por parte de la Fiscalía General, a lo cual García se declaró inocente y alegó ser víctima de falsos testigos.
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la jueza de control de garantías analizó detalladamente el caso y determinó que la solicitud de orden de captura y medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la Fiscalía era excesiva. La jueza consideró que García no representaba un riesgo de fuga y que no existían antecedentes judiciales que indicaran lo contrario. Además, se tuvo en cuenta que el exfuncionario aún tiene vínculos en el país, como su esposa y su hijo menor de edad, así como sus compromisos financieros y propiedades en Colombia.
Medidas de aseguramiento
A pesar de no ser enviado a la cárcel, la jueza estableció otras medidas de aseguramiento para Pierre García. Se determinó que deberá presentarse periódicamente a las audiencias que se desarrollen en el caso, incluso estando fuera del país. Dado que García se encuentra actualmente en Francia, deberá informar a las autoridades la fecha de su regreso al país y proporcionar detalles de su residencia y cambios de dirección o teléfono.
La jueza enfatizó que estas medidas no implican un juicio de valor sobre la responsabilidad penal de García, sino que son de carácter cautelar y preventivo. Su objetivo es asegurar la comparecencia del exfuncionario ante la justicia y garantizar el desarrollo del proceso de investigación.
Argumentos de la jueza
Durante la audiencia, la jueza expuso varios argumentos que respaldaron su decisión de no enviar a García a la cárcel. En primer lugar, señaló que no existen indicios de que el implicado tenga la intención de fugarse, ya que aún tiene lazos familiares y económicos en Colombia. Además, se destacó que García ha demostrado su disposición a colaborar con las autoridades al presentarse a todas las citaciones judiciales hasta la fecha.
La jueza reconoció que se evidenció una conducta reprochable en el caso, ya que se encontraron pruebas de intervención indebida en los contratos, aunque García no participó directamente en el direccionamiento de los mismos. Se determinó que hubo directrices y un interés indebido que favoreció a contratistas y senadores involucrados. Sin embargo, la jueza consideró que el riesgo de que el procesado cometiera nuevas irregularidades era bajo, dado que se había identificado un grupo organizado que estaba activo desde hace más de dos años y que no se encontraba vinculado al exfuncionario público.
Postura de Pierre García
Durante su última comparecencia, Pierre García reafirmó su inocencia y negó los delitos atribuidos. Argumentó que las pruebas en su contra se basan en testimonios falsos de un delincuente confeso y que la teoría de la Fiscalía es simplemente una inferencia para señalarlo como determinador de una red de corrupción. García sostuvo que las pruebas y evidencias presentadas en el expediente demuestran que no se perdió un solo peso del Presupuesto General de la Nación.
El exdirector del DPS también cuestionó la actuación del ente acusador, señalando que solo en esta audiencia se le permitió defenderse. Expresó su preocupación por el daño causado por las actuaciones desleales de la Fiscalía y las falsedades presentadas en la investigación. García afirmó que incluso el presidente de la República lo había condenado públicamente sin conocer los detalles del caso. Solicitó a la jueza que le concediera el derecho a defenderse en libertad y a ejercer plenamente sus derechos en un proceso donde considera que no se ha respetado el debido proceso.
Apelación de la decisión
Tanto el representante de la Fiscalía como el de la Procuraduría apelaron la decisión de la jueza de no enviar a García a la cárcel. Esto significa que la medida de aseguramiento y las condiciones impuestas serán revisadas por una instancia superior. La apelación permitirá un nuevo análisis de los argumentos presentados por ambas partes y la posible modificación de las medidas de aseguramiento establecidas.
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