Nuevo conflicto entre Petro y el Congreso: señalan al presidente de violar la constitución
Desde el Congreso, la respuesta fue categórica. Efraín Cepeda, presidente del Senado, advirtió que una decisión como la que plantea el Ejecutivo desconocería la voluntad de los 49 senadores que negaron la consulta, lo cual, a su juicio, constituiría una “usurpación de funciones judiciales”
La posibilidad de que el Ejecutivo convoque por decreto una consulta popular ha encendido una nueva disputa institucional entre el Gobierno y el Congreso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que si el Senado no emite un pronunciamiento antes del 1 de junio, la Casa de Nariño procederá con la convocatoria, al considerar que la primera votación —en la que fue rechazada— no cumplió con los requisitos de la Ley Quinta de 1992. “¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, sostuvo el ministro al señalar que no se leyó la proposición antes de la votación, como exige la norma.
Desde el Congreso, la respuesta fue categórica. Efraín Cepeda, presidente del Senado, advirtió que una decisión como la que plantea el Ejecutivo desconocería la voluntad de los 49 senadores que negaron la consulta, lo cual, a su juicio, constituiría una “usurpación de funciones judiciales” y una vulneración de la separación de poderes. “Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de derecho”, manifestó el congresista en la red X.
Cepeda cuestionó además el costo del mecanismo, que según el registrador nacional, Hernán Penagos, podría oscilar entre 700.000 y 750.000 millones de pesos, y denunció que la consulta sería utilizada para “satisfacer intereses políticos y adelantar campañas electorales”. Advirtió que, de concretarse la convocatoria por decreto, recurrirán a las instancias judiciales para frenar la iniciativa. “No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso”, afirmó.
El trámite de la segunda propuesta de consulta
La controversia se produce en medio del trámite de una segunda propuesta de consulta popular impulsada por el Gobierno, que amplió de 12 a 16 las preguntas iniciales, enfocadas en reformas a la salud y el trabajo. Aunque esta nueva versión también enfrenta dificultades para avanzar en el Legislativo, el Gobierno insiste en someterla a las urnas.
Desde el Ministerio de Trabajo, Antonio Sanguino defendió la estrategia como el único camino para destrabar las reformas bloqueadas en el Congreso. “El seguro de vida de una reforma laboral y de una reforma a la salud […] es la consulta popular”, afirmó el funcionario, quien señaló que la primera propuesta permitió reactivar el trámite de la reforma laboral, archivada previamente en la Comisión Séptima del Senado.
