El Gobierno Petro enfrenta tensiones en el Congreso por la reforma a la salud y el presupuesto de 2026
La reforma al salud protagoniza el debate más complejo
El Ejecutivo colombiano atraviesa una semana determinante en el Congreso, donde tres proyectos clave definirán el rumbo de la administración del presidente Gustavo Petro: la reforma a la salud, el presupuesto nacional para 2026 y la ley de sometimiento a organizaciones criminales. Con un ambiente político cada vez más tenso, el Gobierno busca sortear la falta de apoyos legislativos y no descarta alternativas como una consulta popular o incluso una Asamblea Nacional Constituyente para sacar adelante su agenda.
El debate más candente gira en torno a la reforma a la salud, que regresa a la Comisión Séptima del Senado con un panorama incierto. Allí, las posturas están prácticamente empatadas: cinco senadores respaldan el archivo del proyecto, impulsado por el Centro Democrático, otros cinco apoyan la propuesta oficialista, y tres más se inclinan por una ponencia alternativa. En medio de esa división, el voto de la senadora Berenice Bedoya (ASI) podría convertirse en el factor decisivo.
El presidente Petro intervino directamente en la discusión, cuestionando los cambios que se le hicieron al texto original. Según el mandatario, las modificaciones permitirían “el uso de recursos públicos para solventar las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales son de naturaleza privada”. En contraposición, senadoras como Norma Hurtado (Partido de la U), Lorena Ríos (Justa y Libres) y Ana Paola Agudelo (Mira) advierten que el verdadero riesgo es que la reforma derive en una centralización del sistema bajo el control de la Adres, lo que —según dicen— podría agravar la crisis del sector.
Mientras tanto, la bancada del Pacto Histórico intenta mantener abiertos los canales de diálogo. Martha Peralta, senadora oficialista, propuso un acercamiento con las voces críticas para buscar un texto de consenso. Sin embargo, desde la oposición insisten en que la iniciativa no corrige los problemas estructurales del sistema y, por el contrario, genera más incertidumbre sobre su sostenibilidad.
A la par de este pulso político, el Gobierno enfrenta otro desafío con la aprobación del presupuesto general de la nación para 2026, calculado en $546,9 billones. Pese a que el monto ya fue avalado por las comisiones económicas conjuntas, la representante Olga Lucía Velásquez (Verde) logró una reducción de $10 billones durante el trámite. Aun así, la oposición plantea nuevos recortes por $16 billones, argumentando que los riesgos fiscales podrían comprometer la estabilidad del país.
Sectores de Cambio Radical, Centro Democrático y parte del Partido Conservador impulsan esa reducción, mientras que el oficialismo teme que el ajuste afecte los programas sociales y dificulte el cumplimiento de las metas trazadas por el Gobierno en la recta final de su mandato.
En este contexto, el presidente Petro busca sostener sus mayorías y evitar que el Congreso bloquee las reformas que considera esenciales para cerrar su administración con resultados concretos. Sin embargo, la creciente fragmentación política y las presiones electorales de cara a 2026 amenazan con convertir esta semana legislativa en una verdadera prueba de fuego para su Gobierno.
