Más de 17 mil menores figuran como desaparecidos en Colombia por hechos del conflicto armado
Más de 5 mil casos están oficialmente reportados ante la UBPD
La huella del conflicto armado en Colombia sigue golpeando con fuerza a la niñez. De acuerdo con cifras actualizadas a enero de 2026 por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), 17.796 personas registradas en sus bases de datos habrían sido menores de edad cuando se perdió su rastro.
La información fue divulgada en el marco del 12 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas, una jornada que visibiliza la prohibición del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en confrontaciones armadas.
Según la entidad, de los casi 18 mil casos reportados, 5.009 cuentan actualmente con solicitudes formales de búsqueda ante la UBPD, lo que implica un proceso activo de localización y esclarecimiento de lo ocurrido.
El informe también revela que 115 menores están reconocidos como personas buscadoras, es decir, niñas, niños y adolescentes que participan en la búsqueda de familiares desaparecidos. Desde que la Unidad inició funciones, ha acompañado la entrega digna de al menos 96 menores a sus familias, en procesos orientados a garantizar verdad y reparación.
La concepción internacional
En el plano internacional, el reclutamiento y uso de menores en la guerra está catalogado como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales establecen obligaciones claras para proteger a la población civil, con énfasis en la protección reforzada de la niñez.
A ese marco jurídico se suma el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la participación de menores de 18 años en hostilidades y exige a los Estados adoptar medidas efectivas de prevención, protección y reparación integral.
La conmemoración del Día de las Manos Rojas vuelve a poner en el centro del debate el impacto que la guerra dejó sobre miles de familias y la necesidad de garantizar que ningún menor vuelva a ser vinculado a la violencia armada en el país.
