Gobierno radicará ambicioso proyecto de ley para reformar el esquema tarifario de energía en Colombia
Se espera que se logre una distribución de subsidios
Este martes 21 de octubre llegará al Congreso un nuevo proyecto de ley que busca reformar a fondo el sistema de tarifas de energía eléctrica en el país. Aunque inicialmente se pensó que la iniciativa no avanzaría este año por el calendario legislativo y el ambiente electoral, el Ministerio de Minas y Energía decidió impulsar la propuesta, que promete cambios estructurales en el sector.
La iniciativa, titulada Regulación justa y democratización del sector energético, está compuesta por 14 artículos y será presentada por el ministro Edwin Palma. Varios de sus puntos han sido modificados respecto al borrador revelado en junio, luego de recibir fuertes críticas por parte de gremios y expertos.
Entre los ejes del articulado se encuentran una nueva distribución de los subsidios, el cobro de deudas acumuladas durante la pandemia, ajustes a la composición del ente regulador, y medidas para eliminar cargos no relacionados con el consumo en las facturas de energía.
Uno de los temas más sensibles es la financiación de la llamada opción tarifaria, un mecanismo adoptado durante la crisis sanitaria para aliviar temporalmente el pago del servicio. En el nuevo esquema, los estratos 5 y 6, junto con usuarios no residenciales, serán los responsables de saldar esa deuda, que fue contraída principalmente por los hogares de los estratos 1 al 3. En el borrador inicial también se incluía al estrato 4, pero esa medida fue retirada.
Además, los consumidores de estratos altos y los autogeneradores de energía (por ejemplo, pequeños negocios con paneles solares) deberán hacer aportes para sostener los subsidios de los sectores más vulnerables. El artículo 3 del proyecto redefine los criterios para acceder a estos apoyos, introduciendo condiciones como el consumo eficiente y la situación de vulnerabilidad del hogar.
El proyecto también establece un plazo de un año para que los gobiernos locales eliminen tributos cuyo hecho generador sea el uso de energía eléctrica. Se fija, además, un periodo de cinco años para la vigencia de las metodologías tarifarias, lo que permitirá hacer ajustes anticipados si las condiciones del sector lo exigen.
En cuanto al ente regulador, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el gobierno propone incorporar representantes de usuarios, sindicatos y del sector académico en su estructura, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en las decisiones. Adicionalmente, se crearía un Comité Consultivo Ciudadano.
Exigencias a las hidroeléctrica
La iniciativa también contempla una medida para las hidroeléctricas, a las que se les exigirá destinar un porcentaje adicional de sus ventas brutas a proyectos sociales y a la reducción de los costos energéticos en ciertas regiones del país.
Finalmente, se autoriza el incremento controlado de los recursos de los fondos Faer, Prone, Fazni y Foes, orientados a cerrar brechas de acceso energético. Según el documento, estos recursos deberán destinarse de manera prioritaria a combatir la pobreza energética.
El proyecto retoma una de las promesas centrales del presidente Gustavo Petro durante su campaña: reducir el valor de la tarifa eléctrica para los usuarios más golpeados por el modelo actual. Sin embargo, durante sus tres años de gobierno, ese objetivo ha enfrentado obstáculos técnicos y políticos, y hasta el momento no se ha logrado una solución de fondo.
El Congreso tendrá ahora la tarea de debatir una de las propuestas más complejas de la agenda legislativa del gobierno, en un contexto marcado por el inicio de las campañas políticas y el cierre del año legislativo.
