Fiscalía y víctimas piden más tiempo para sustentar la casación en el caso Uribe
La petición fue radicada dentro de los tiempos establecidos por la ley y lleva las firmas de Marlenne Orjuela Rodríguez, fiscal delegada ante la Corte, y de los abogados Reinaldo Villalba Vargas, Miguel Ángel del Río Malo y Juan David León Quiroga, quienes representan a las víctimas reconocidas en el proceso.
La etapa de casación en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe podría extenderse, luego de que la Fiscalía y los representantes de las víctimas solicitaran a la Corte Suprema de Justicia una prórroga de 30 días hábiles. Ambos despachos coinciden en que requieren un plazo adicional para consolidar los argumentos con los que buscarán que el alto tribunal revise la absolución dictada por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La petición fue radicada dentro de los tiempos establecidos por la ley y lleva las firmas de Marlenne Orjuela Rodríguez, fiscal delegada ante la Corte, y de los abogados Reinaldo Villalba Vargas, Miguel Ángel del Río Malo y Juan David León Quiroga, quienes representan a las víctimas reconocidas en el proceso.
Los documentos entregados al alto tribunal explican que el sustento jurídico de esta solicitud se encuentra en el artículo 158 de la Ley 906 de 2004, norma que permite una extensión única cuando las partes demuestren que el tiempo adicional es necesario para la adecuada preparación del recurso. Esta posibilidad, indican las víctimas, difiere del régimen de la Ley 600 de 2000, que solo admitía una prórroga si existían razones graves. Según argumentan, el modelo actual es más garantista y se ajusta al derecho al debido proceso al permitir que el juez evalúe las particularidades de cada caso antes de decidir.
Las razones de la Fiscalía
La Fiscalía también expuso razones de fondo para pedir más tiempo. Orjuela Rodríguez señaló que el recurso de casación exige un estudio riguroso y que la Corte ha determinado que estos plazos deben concederse cuando resulten esenciales para asegurar la administración de justicia. En su escrito, la fiscal afirmó: “reitero mi solicitud de prorrogar por 30 días más el término inicial para presentar la demanda de casación”, enfatizando que la suspensión de la prescripción mantiene el proceso a salvo de su extinción.
Los representantes de las víctimas insistieron en que, tratándose de un caso complejo, deben disponer de un margen razonable para organizar su teoría del caso, revisar las decisiones judiciales previas y preparar los cuestionamientos al fallo absolutorio. Recordaron que el artículo 29 de la Constitución garantiza que las partes tengan oportunidades reales para ejercer su defensa, incluso cuando los plazos procesales sean estrictos.
En su comunicación a la Corte, sostuvieron: “solicitamos respetuosamente la prórroga del término de sustentación del recurso de casación, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 906 de 2004”. También destacaron que los jueces que han conocido el expediente tomaron medidas para evitar la prescripción de la acción penal, lo que permitió que el trámite llegara a la etapa de casación sin comprometer la validez del proceso.
Con el riesgo de prescripción ya descartado, tanto la Fiscalía como los abogados de las víctimas consideran que la ampliación del plazo fortalecería las garantías procesales y permitiría presentar un recurso sólido en un caso que sigue bajo la lupa de la opinión pública.
