Defensora alerta por uso de exparas como gestores de paz
Defensora del Pueblo rechaza libertad para exparamilitares como “gestores de paz” sin control judicial
La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó fuertes críticas a la propuesta del Gobierno Nacional que permitiría la participación de exintegrantes de las AUC como “gestores de paz” bajo la resolución 327 de 2025, advirtiendo graves riesgos de revictimización y uso político de la verdad en medio del proceso electoral.
En un pronunciamiento público, Marín alertó que esta iniciativa contempla un mecanismo administrativo y voluntario, sin supervisión judicial, lo cual abre la puerta a que exparamilitares —algunos expulsados del proceso de Justicia y Paz por incumplimientos— participen en actividades fuera de prisión, como recorridos territoriales y actos simbólicos.
Aunque el Gobierno ha señalado que la resolución no modifica la situación jurídica de los implicados, la defensora advirtió que permitirles salir de la cárcel para realizar tareas del plan de trabajo podría interpretarse como una forma encubierta de otorgar beneficios. “Nada de eso está contemplado en la Ley de Justicia y Paz”, enfatizó.
El uso del proceso electoral
La funcionaria también criticó el posible uso electoral del proceso de verdad. “La verdad no puede depender del calendario electoral”, dijo, en respuesta a declaraciones del ministro del Interior sobre que “es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato”.
Marín recordó que la Ley de Justicia y Paz establece compromisos claros de verdad, reparación y garantías de no repetición, los cuales deben ser respetados. “Las víctimas no son un decorado político”, subrayó, advirtiendo que iniciativas sin garantías pueden causar nuevos daños, intimidación y estigmatización.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno, al Ministerio del Interior y al Congreso a no avanzar en este tipo de medidas sin una estructura judicial robusta y sin que las víctimas estén en el centro del proceso: “La memoria no puede construirse desde la voz del victimario únicamente”.
El pronunciamiento ocurre en medio de un creciente debate sobre la legitimidad, los riesgos y el alcance de esta nueva propuesta gubernamental frente a los compromisos de verdad en el contexto del conflicto armado.
