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Colombia

Informe deja impactante cifra de desplazamientos forzados en lo que va del año

“Los grupos armados ilegales deben dejar por fuera de las acciones bélicas a la población civil”

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La Defensoría del Pueblo publicó un informe con las cifras de desplazamientos forzados durante los primeros cinco meses del 2023 en el país. “Entre enero y mayo se presentaron 43 desplazamientos, que equivalen a 6.081 familias; es decir, 15.437 personas”, se lee.

Los departamentos del Pacífico son los que reportan el número más alto de eventos masivos de desplazamientos en el territorio nacional: Nariño, con 17; Valle del Cauca, con diez; Chocó, con cuatro; Cauca, con tres eventos. Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, Antioquia, Meta y Córdoba registran un evento cada uno.

“Este reporte sobre desplazamiento nos muestra que los grupos armados ilegales deben dejar por fuera de las acciones bélicas a la población civil, necesitamos verdaderos gestos que permitan avanzar en la paz total que adelanta el Gobierno Nacional”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

¿Qué causa los desplazamientos forzados?

Los enfrentamientos entre grupos armados son la principal causa para que las comunidades se desplacen, con 25 de los 43 eventos; luego siguen las amenazas, con ocho, y los homicidios y la presencia de grupos armados en los territorios, con cuatro eventos cada uno.

Este fin de semana un equipo de la Defensoría acompañó a aproximadamente 1.500 personas de comunidades étnicas que debieron salir de sus territorios hacia las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita, en Chocó, por cuenta de los enfrentamientos armados entre miembros del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo).

Según la información que arrojó el informe, febrero fue el mes en el que se presentaron más desplazamientos, con 13 casos.

“Cuando hay un desplazamiento forzado de la población no solo genera miedo y zozobra en las comunidades, también afecta los derechos a la alimentación, la vivienda digna, al trabajo, a la educación, y pone en una condición de vulnerabilidad a las comunidades que lo padecen”, agrega la entidad.

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María Vargas Jimenez
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