Archivan investigación judicial contra Julio Iglesias por delitos sexuales
El Ministerio Público explicó que las acusaciones hacen referencia a sucesos que habrían ocurrido fuera del territorio español, concretamente en la República Dominicana y en las Bahamas, países que, según la fiscalía, cuentan con plena jurisdicción para adelantar eventuales investigaciones.
La Fiscalía de España cerró la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales y de trata de personas, al concluir que los tribunales españoles no tienen competencia para conocer los hechos denunciados.
El Ministerio Público explicó que las acusaciones hacen referencia a sucesos que habrían ocurrido fuera del territorio español, concretamente en la República Dominicana y en las Bahamas, países que, según la fiscalía, cuentan con plena jurisdicción para adelantar eventuales investigaciones. En consecuencia, el organismo decidió no avanzar con las diligencias.
“Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (…) por falta de competencia de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía”, señaló la institución en un comunicado oficial.
El origen de la denuncia
La denuncia fue interpuesta el pasado 5 de enero por dos antiguas empleadas del artista, quienes aseguraron haber sido víctimas de conductas de acoso y vejaciones mientras trabajaban para él. Una de ellas relató públicamente episodios de presuntas penetraciones sin consentimiento. Los señalamientos fueron revelados a través de una investigación periodística realizada por la cadena Univision y el medio español eldiario.es, que situó los hechos en el año 2021.
Tras revisar el expediente, la fiscalía indicó que las denunciantes no tienen nacionalidad española ni residen en el país, al igual que el acusado, quien vive entre Miami, República Dominicana y Bahamas. Este conjunto de factores llevó a concluir que la justicia española no puede asumir el caso.
Julio Iglesias, de 82 años, negó las acusaciones desde el inicio y solicitó formalmente el cierre del proceso. Con la decisión de la fiscalía, la causa queda archivada en España, sin perjuicio de que las denunciantes puedan acudir a las autoridades judiciales de los países donde presuntamente ocurrieron los hechos.
