Empalme de De la Espriella enciende las alarmas por millonario traslado de recursos a la UNGRD

El equipo de Empalme Anticorrupción del presidente electo, Abelardo de la Espriella, pidió la intervención de los organismos de control frente al traslado de aproximadamente $4 billones al presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una decisión impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro en la recta final de su administración.

La solicitud fue divulgada a través de un comunicado del movimiento Defensores de la Patria, en el que se advierte que una operación de esta magnitud debe contar con vigilancia especial para garantizar la correcta destinación de los recursos públicos.

Según el documento, el Gobierno Nacional argumenta que la modificación presupuestal busca fortalecer la preparación del país ante un eventual fenómeno de El Niño de gran intensidad, que podría generar afectaciones por sequías durante los próximos meses. Entre las iniciativas previstas figuran inversiones relacionadas con el abastecimiento de agua y proyectos de generación de energía solar.

Un control estricto

Sin embargo, desde el equipo de empalme consideran que el momento en que se pretende ejecutar el traslado y el historial reciente de la UNGRD hacen necesario un control más estricto sobre el proceso.

En el pronunciamiento también se recuerda que la entidad aún enfrenta investigaciones derivadas del caso de los carrotanques para La Guajira, un escándalo de corrupción que dio lugar a procesos penales y disciplinarios por presuntas irregularidades en la contratación.

Para el grupo que acompaña al presidente electo, una asignación presupuestal de este tamaño exige una planeación detallada, estudios técnicos y garantías suficientes de transparencia, especialmente cuando restan pocos días para el relevo presidencial.

Por ello, solicitaron a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República revisar la legalidad del procedimiento, hacer seguimiento a la ejecución de los recursos y verificar que cualquier contratación derivada de estos fondos se ajuste a los principios de eficiencia y transparencia.

El pronunciamiento concluye señalando que el próximo gobierno mantendrá seguimiento a las decisiones económicas adoptadas durante el cierre de la actual administración, con el propósito de que los recursos públicos sean administrados bajo criterios técnicos y con pleno control institucional.