Caso Lili Pink: Fiscalía intensifica proceso por presunto esquema de lavado y contrabando

Más de una década después de que comenzaran las indagaciones, la justicia colombiana se prepara para avanzar contra varios de los presuntos responsables de una estructura señalada de utilizar compañías nacionales e internacionales para mover mercancía de manera irregular y ocultar el origen de millonarios recursos.

La Fiscalía confirmó que solicitará la imputación formal de cargos contra ocho personas que aparecen vinculadas a la investigación relacionada con el denominado caso Lili Pink, una de las actuaciones judiciales más amplias adelantadas por delitos fiscales en los últimos años.

Según el organismo acusador, la red habría operado desde 2013 mediante un esquema que incluía empresas creadas en Colombia y Panamá, las cuales presuntamente servían para facilitar la importación de productos y el manejo posterior de los recursos obtenidos por esas actividades.

Los investigados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

Toda una estructura organizada

Las autoridades consideran que detrás de la operación existía una estructura organizada que habría ocultado a los verdaderos responsables financieros mediante el uso de terceros que figuraban como representantes legales o administradores de distintas sociedades.

Durante una de las audiencias del proceso, la Fiscalía sostuvo que quienes aparecían formalmente al frente de algunas compañías no necesariamente ejercían el control real de las operaciones.

“Intentando, entonces, desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal. Pues, como se verá, quienes figuran constituyendo las entidades y fungiendo como representantes legales son, en realidad, personas con cargos operativos, como conductores, operarios, tesoreros y abogados”, expuso el ente acusador.

Dentro de las pruebas recopiladas también figura el caso de una empresa cuyo domicilio registrado fue objeto de verificación por parte de la Dian. Según la investigación, la dirección reportada correspondía a un lote sin construcciones, situación que llevó a las autoridades a suspender la habilitación aduanera de la sociedad.

La audiencia de imputación está prevista para el 24 de junio en Bogotá y marcará una nueva etapa en un proceso que busca determinar la responsabilidad de los señalados en delitos relacionados con contrabando, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.