Alarma por la informalidad en plena discusión del salario mínimo de 2026
Las cifras más recientes muestran que el 54% de los trabajadores no cotiza a seguridad social, un nivel que no se veía desde comienzos de los años 2000.
Mientras el país se prepara para definir el salario mínimo del próximo año, el debate se ha desplazado hacia un problema que volvió a dispararse: la informalidad laboral. Según distintos expertos, el retroceso en este indicador puso en evidencia que Colombia aún no logra recuperar la calidad del empleo perdida tras la pandemia.
Las cifras más recientes muestran que el 54% de los trabajadores no cotiza a seguridad social, un nivel que no se veía desde comienzos de los años 2000. Para el abogado laboralista Charles Chapman López, este deterioro revela que “el empleo con derechos” dejó de ser mayoritario en el país. “Es que la informalidad es rebusque, el trabajo sin derechos”, dijo, al cuestionar que el Gobierno no haya logrado restablecer las condiciones previas a la emergencia sanitaria.
Chapman insistió en que la discusión salarial debería enfocarse en cómo fortalecer el empleo formal y no únicamente en el porcentaje de aumento del mínimo. “Por favor, Colombia, reaccionemos. Exijamos al Gobierno que la discusión del salario mínimo debe predominar, volver a los datos de formalidad de Colombia previos a la pandemia”, señaló.
La propuesta del Gobierno para el salario mínimo
El Ejecutivo planteó un incremento que podría llegar hasta el 11%, una cifra que supera las recomendaciones técnicas que ubican el ajuste entre el 6,5% y el 7,5%. La diferencia entre ambas posturas provocó inquietud entre los gremios empresariales.
Fenalco se levantó de la mesa al advertir que un decreto con esa proporción sería una medida “populista”. El escenario se volvió más sensible tras la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 9,25%, lo que refleja la preocupación por presiones inflacionarias.
Pese a las críticas, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la iniciativa oficial. Explicó que la meta es fortalecer el ingreso real de los trabajadores y cumplir el principio constitucional de “salario vital y móvil”, que exige una remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia.
Sanguino pidió a los empresarios mantener un diálogo “sincero, con el corazón en la mano” y no anticipar posturas antes de conocer las cifras oficiales de inflación y productividad que presentarán el Ministerio de Hacienda y el Dane. “Espero que no sea una opinión generalizada, anticipándose incluso con cifras que el gobierno aún no ha puesto en conocimiento público”, dijo.
Advertencias desde el sector financiero
En contraste, la banca internacional envió un mensaje de prudencia. Ángela Hurtado, senior country officer de JP Morgan, aseguró que el incremento no debería superar el comportamiento real de la inflación, sumado a la productividad. “La subida del salario del próximo año tiene que ser 5,2% o la inflación efectiva a diciembre anualizada, más la productividad, no debería ser muy por encima de esta cifra”, afirmó a La República.
Hurtado alertó que un ajuste excesivo podría afectar la tendencia de la inflación y limitar la capacidad del Banco de la República para avanzar en la reducción de tasas. Así las cosas, con posiciones cada vez más alejadas, la Comisión de Concertación enfrenta uno de los debates más complejos de los últimos años, en un contexto marcado por el deterioro del empleo y la incertidumbre económica.
