Desde el 8 de noviembre entra en vigencia la Ley de Garantías: así funcionarán las restricciones a la contratación pública en Colombia
Empieza oficialmente una de las épocas con mayor vigilancia a las entidades públicas
A partir del 8 de noviembre de 2025, comienza a regir en todo el país la Ley de Garantías Electorales, una norma clave que busca prevenir el uso indebido de los recursos públicos durante los periodos previos a las elecciones. El objetivo es garantizar condiciones de transparencia, equidad y neutralidad en la competencia política de cara a los comicios de 2026.
Para orientar a las entidades estatales y a la ciudadanía sobre su correcta aplicación, Colombia Compra Eficiente publicó la Circular Externa 006 de 2025, documento que detalla las restricciones, excepciones y fechas clave establecidas por la Ley 996 de 2005.
El director de la entidad, Cristóbal Padilla, explicó que la circular busca dar claridad a los funcionarios públicos y evitar confusiones que puedan afectar la gestión administrativa.
“La expedición de esta circular responde a la necesidad de brindar claridad a las entidades públicas y a los ciudadanos sobre cómo aplicar la Ley de Garantías. Queremos asegurar que la contratación estatal se mantenga transparente y libre de influencias políticas durante el proceso electoral”, señaló Padilla.
Entre las principales medidas, se encuentra la prohibición de celebrar convenios interadministrativos que impliquen gasto público, restricción que se activa desde el 8 de noviembre de 2025 y aplica para gobernadores, alcaldes y directores de entidades descentralizadas.
La restricción más amplia
La segunda gran restricción comenzará el 31 de enero de 2026, cuando ninguna entidad del Estado —sin importar su nivel o régimen— podrá realizar contratación directa sin convocatoria pública. Es decir, durante los cuatro meses previos a las elecciones, todos los procesos deberán realizarse bajo métodos competitivos, como licitación pública, concurso de méritos o selección abreviada.
No obstante, la Ley contempla excepciones en casos de emergencias educativas, sanitarias o desastres naturales, así como para contratos de seguridad nacional, crédito público o reconstrucción de infraestructura afectada por eventos de fuerza mayor.
Padilla recordó que la norma no busca paralizar la gestión pública, sino garantizar que las actuaciones estatales se realicen con total transparencia. Los contratos ya firmados antes de las restricciones podrán modificarse, prorrogarse o cederse, siempre que cumplan con los principios de planeación y legalidad.
Como parte del proceso de divulgación, el Gobierno Nacional realizó la Gran Maratón de Capacitaciones sobre la Ley de Garantías, liderada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la directora de Función Pública, Mariella Barragán, y el propio Padilla. Más de 10.000 funcionarios y ciudadanos se inscribieron en la jornada, que también fue seguida por 5.000 espectadores en redes sociales.
Con la entrada en vigencia de este marco legal, el Estado colombiano busca reforzar la transparencia, asegurar la igualdad de condiciones entre candidatos y proteger los recursos públicos frente a posibles usos políticos durante el periodo electoral.
