Luego de que el presidente Gustavo Petro expidiera el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023, en el que anunció las medidas para la ampliación de la cobertura y acceso al servicio de energía eléctrica en La Guajira, las empresas encargadas ya comenzaron a incluir un cargo adicional en la factura del servicio para cumplir con dicho decreto.
Este valor adicional corresponde al cobro y recaudo entre sus usuarios de los aportes obligatorios establecidos en esta disposición y que hacen parte de las medidas con las que se busca hacer frente a la crisis humanitaria de esa región del norte del país.
De acuerdo con la normativa, este abono se aplicará con «la finalidad de superar la crisis humanitaria (…) o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira».
¿Para quiénes aplica?
Estos recaudos serán «destinados a soluciones energéticas en el departamento de la Guajira en Zonas No Interconectadas (ZNI) para la población rural».
«Los estratos 4, 5 y 6 se les incluirá en las facturas de servicio público de energía eléctrica a escala nacional un “Aporte Departamento de La Guajira”, de mil pesos ($1.000) por factura, durante 6 meses».
“En los estratos comerciales e industriales, este aporte será de cinco mil pesos ($5.000) por factura, contribución que equivale a menos del 0,8% del promedio que pagan estos usuarios mensualmente. Los recursos recaudados serán administrados por el Ministerio de Minas y Energía”, se lee en el documento.
La medida se tiene contemplada para el término de seis meses y se espera lograr un recaudo mayor a 51 mil millones de pesos.
En el texto del decreto se explica que esta determinación se fundamenta en que «a partir del estrato 4, los valores promedio a pagar son superiores a $100.000, de manera que se tienen usuarios con una capacidad de pago que permite generar un aporte en el valor a pagar de cada factura que no afecte de manera sustancial su condición de pago».
Además, señala que el porcentaje de esos usuarios corresponde al 19 % del total nacional y «cuyo poder adquisitivo pudiera aportar para la condición de emergencia».
