Primera condena a un expresidente en Colombia: Uribe, hallado culpable por soborno en actuación penal
Aún quedan pendientes otros dos delitos que serán abordados por la togada
En un veredicto histórico, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá declaró penalmente responsable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal, en el marco de una investigación por presunta manipulación de testigos. Esta decisión representa la primera vez que un exmandatario colombiano es condenado por un tribunal ordinario del país.
La jueza responsable del fallo concluyó que Uribe, a través de intermediarios, ofreció beneficios a personas privadas de la libertad —incluidos exparamilitares— con el propósito de obtener declaraciones favorables y desacreditar al senador Iván Cepeda, a quien se acusaba erróneamente de vínculos con grupos armados ilegales.
Este es un pronunciamiento de primera instancia, lo que significa que aún puede ser apelado por la defensa del expresidente. Si la sentencia se mantiene en instancias superiores, Uribe podría enfrentar una pena de prisión, cuya duración dependerá del veredicto completo y de la decisión final sobre las sanciones correspondientes.
La audiencia continúa su curso
La audiencia continúa en curso y aún resta que la jueza se pronuncie respecto a los otros dos cargos imputados: fraude procesal y soborno a testigos. La fase de deliberación y establecimiento de la pena será determinante en el desenlace de este juicio de alto impacto político.
Este proceso se originó a raíz de denuncias en las que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve afirmó haber sido presionado para cambiar su versión sobre los vínculos entre Uribe y su entorno, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Fiscalía argumenta que esas presiones se llevaron a cabo mediante incentivos como mejoras carcelarias, asesoría legal y seguridad para testigos y familiares. Las pruebas incluyeron interceptaciones telefónicas, visitas documentadas a cárcel y grabaciones obtenidas con relojes espía.
La decisión marca un antes y un después en la historia jurídica de Colombia, al demostrar que incluso figuras de la más alta investidura están sujetas al escrutinio de la justicia ordinaria y a las consecuencias penales previstas por la ley.
