Procuraduría pide revocar condena contra Álvaro Uribe
La defensa del expresidente también procederá con su recurso de apelación
La Procuraduría General de la Nación presentó una apelación contra el fallo que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión, argumentando fallas en la valoración de las pruebas y errores en la aplicación del derecho penal. El recurso fue radicado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ahora deberá estudiar si revoca o mantiene la decisión del Juzgado 44 de Conocimiento de la capital.
El documento, firmado por el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo, sostiene que la sentencia contiene inconsistencias sustanciales en la interpretación del material probatorio. A juicio del Ministerio Público, la juez no demostró con suficiencia que Uribe tuviera conocimiento directo o responsabilidad como determinador de los hechos que le atribuyeron la Fiscalía y la parte civil.
“La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, advierte el recurso.
Cuestionan la conducta imputada
Además, la Procuraduría cuestiona que la conducta imputada al exmandatario no se ajusta con claridad a los tipos penales de fraude procesal y soborno en actuación penal, y subraya que no se aplicó el artículo 7 de la Ley 906, el cual establece los principios rectores del proceso penal y pudo haber favorecido al acusado.
La apelación también hace referencia al rol del abogado Diego Cadena, quien habría sido apoderado por Uribe para obtener información sobre presuntos testigos falsos. Según el recurso, esta actuación estuvo enmarcada en una intención legítima de defensa, no en una estrategia delictiva.
La defensa del exmandatario, encabezada por Jaime Granados, también tiene previsto presentar su propia apelación el 13 de agosto, en la que reiterará que las pruebas presentadas por la defensa fueron desestimadas injustamente por la juez de primera instancia.
El caso pasará ahora a la Sala Penal N.º 9 del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán, quien será el ponente de la decisión. El tribunal tendrá un plazo máximo de dos meses para resolver la apelación, debido a que el expediente prescribirá en octubre.
Con este nuevo giro procesal, el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe vuelve a quedar en manos de los jueces, mientras su defensa insiste en que no hay pruebas que sustenten la condena.
