Procurador Eljach abre un nuevo frente en el debate por la consulta popular impulsada por el Gobierno
La controversia ha escalado, no solo por las implicaciones jurídicas del llamado "decretazo", sino también por las tensiones previas entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado, que ha fallado en contra de varias decisiones clave del presidente,
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, ha abierto otro frente en el ya tenso debate nacional sobre la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. En un pronunciamiento realizado durante la convención número 59 de Asobancaria, Eljach sostuvo que el trámite legislativo que negó la iniciativa se dio conforme a la ley, descartando que exista una controversia jurídica válida al respecto.
Sus palabras llegan en un momento en que el Ejecutivo insiste en que aún es viable convocar la consulta por decreto, y ha pedido a la Corte Constitucional que avale ese camino. Frente a esto, Eljach fue enfático: “Se negó formalmente, y así está establecido. No cabe discusión jurídica alguna”.
Con esta declaración, el procurador se aparta de la interpretación del Gobierno y pone el foco en el Consejo de Estado, tribunal que ya estudia una demanda contra el archivo de la propuesta en el Congreso. Para Eljach, la institucionalidad debe actuar sin interferencias ni presiones. “Dejémosle al Consejo de Estado la tarea que le corresponde. No perturbemos su trabajo ni contribuyamos a un mal ambiente”, advirtió.
La controversia ha escalado, no solo por las implicaciones jurídicas del llamado «decretazo», sino también por las tensiones previas entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado, que ha fallado en contra de varias decisiones clave del presidente, como nombramientos diplomáticos y disposiciones sobre la transmisión de actos de gobierno.
Eljach cerró su intervención reiterando que respetará lo que determine la justicia sobre el asunto, aunque indicó que, por ahora, la decisión del Congreso está en firme. Mientras tanto, juristas y actores políticos siguen alertando sobre los riesgos de una eventual confrontación entre el Gobierno y las altas cortes, en un escenario que podría derivar en una crisis institucional.
