Otro escándalo en el Gobierno Nacional
Este escándalo, que pone en jaque a varios altos funcionarios y congresistas, ya está siendo investigado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, y podría convertirse en uno de los casos más comprometedores para la administración actual.
Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, Diego Guevara, Olmedo López, Iván Name, Andrés Calle, Sandra Ortiz, Julio Elías Chagüi, Luis Fernando Velasco y hasta el presidente Gustavo Petro son algunas de las figuras que aparecen mencionadas en el más reciente escándalo de corrupción que compromete al Gobierno nacional.
Una investigación periodística destapó una presunta red que habría operado entre el Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con el propósito de asegurar la aprobación de préstamos internacionales por más de 2,5 billones de pesos, a cambio de favores políticos y la entrega de millonarios contratos a congresistas aliados.
Todo habría comenzado en diciembre de 2023, cuando Benavides, asesora de Bonilla, propuso reunirse con miembros de la Comisión de Crédito Público para garantizar el respaldo a los préstamos. La respuesta del entonces ministro fue clara: “Sí, adelanta eso”. A partir de allí, se organizó una estrategia en la que, según chats obtenidos por Semana, se les ofreció a los congresistas contratos con la Ungrd a cambio de su apoyo.
Las reveladoras conversaciones
Las conversaciones muestran cómo se planificó dividir a los parlamentarios en pequeños grupos y convencerlos de que serían los únicos beneficiados. Entre los mencionados aparecen Liliana Bitar, Wadith Manzur y Julián Peinado. Finalmente, el 12 de diciembre, la Comisión dio luz verde a los préstamos y Benavides celebró el éxito del plan con un mensaje a Guevara: “Se salvó”.
El entramado también involucra supuestos pagos irregulares a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. De acuerdo con declaraciones del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, se entregaron 3.000 millones de pesos a Name a través de Sandra Ortiz, quien sería la intermediaria. Calle, por su parte, habría recibido 1.000 millones en su apartamento en Montería.
Además del tráfico de influencias en el Congreso, se señala que estos recursos se usaron para influir en la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional y para financiar campañas políticas locales. Los contratos cuestionados también beneficiaron a regiones como Córdoba, Arauca y Bolívar, con cifras que alcanzan los 92.000 millones de pesos.
Incluso el nombre del presidente Petro aparece mencionado. Según el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, el mandatario fue informado sobre la continuidad de los “cupos indicativos” —práctica asociada a la asignación discrecional de recursos— sin que se tomaran acciones al respecto.
Este escándalo, que pone en jaque a varios altos funcionarios y congresistas, ya está siendo investigado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, y podría convertirse en uno de los casos más comprometedores para la administración actual.
