Caso coronel Óscar Dávila: investigan acceso irregular a expediente forense de su deceso
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación formal contra diez funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal por haber accedido, al parecer sin autorización, a los informes técnicos relacionados con el fallecimiento del oficial.
El fallecimiento del coronel Óscar Dávila, catalogada oficialmente como suicidio en julio de 2023, vuelve a estar bajo el foco público, esta vez por presuntas irregularidades en el manejo de la información forense. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación formal contra diez funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal por haber accedido, al parecer sin autorización, a los informes técnicos relacionados con el fallecimiento del oficial.
Dávila, quien se desempeñaba como coordinador de inteligencia en un despacho de la DIAN cercano a la Casa de Nariño, era un actor clave en las pesquisas por supuestas interceptaciones ilegales a exempleadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Su deceso ocurrió el 9 de julio, dos días después de una diligencia de la Fiscalía en su oficina y en medio del escándalo por el uso irregular de tecnología para clonar teléfonos móviles sin orden judicial.
La auditoría interna
Una auditoría interna del Instituto reveló que 23 funcionarios accedieron al expediente digital del coronel en la plataforma Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres). De ellos, solo 12 tenían autorización funcional. Los restantes 11, entre quienes figura un extrabajador con credenciales aún activas, habrían ingresado sin justificación, en algunos casos “por simple curiosidad”, según el informe técnico.
Este acceso no autorizado no solo incumple protocolos internos, sino que podría comprometer la cadena de custodia del expediente forense, poniendo en entredicho los resultados que concluyeron que Dávila se quitó la vida. El informe señalaba que el arma estaba en contacto con la cabeza, que se hallaron residuos de pólvora en su cuerpo y ropa, y que había consumo de medicamentos psicotrópicos, elementos que sustentaron la hipótesis de un desequilibrio emocional como detonante del hecho.
Uno de los funcionarios investigados, en diálogo con El Tiempo, reconoció haber accedido al sistema y justificó su actuación alegando que forma parte de sus funciones como perito. Aunque sostuvo que el acceso se explicó en su momento ante el director de Medicina Legal, aclaró: “Estoy dispuesto a hablar para aclarar la investigación”.
La pesquisa está en manos del magistrado David Dalberto Daza Daza, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Tras una fase preliminar, el proceso avanzará con la recolección de pruebas, incluida la toma de testimonios y la posible participación del cuerpo técnico de policía judicial.
Entre los nombres involucrados figuran funcionarios en ejercicio como Domingo Enrique Pérez Tovar, Jorge Alfonso Casas Martínez, Beatriz Eugenia Visbal Mora, Natasha Ariza Bello, Yuliet Alexandra Sánchez Rodríguez, Mónica Ivonne Garzón Pineda, Alejandro Salamanca Fonseca, Álvaro García Cardozo, Francisco José Calle Rúa y Diego Fernando Urbano Reyes. Todos operaban bajo la dirección de Hans Cristian Dworschak Lozano, jefe seccional en Cundinamarca, quien también podría enfrentar una revisión disciplinaria por su rol en la supervisión del acceso indebido.
