¿Le sacaron un crédito o una línea celular a su nombre? Así lo protegerá la nueva ley contra la suplantación

Una llamada del banco, una deuda desconocida o un reporte en centrales de riesgo suelen ser la primera señal de alarma para muchas víctimas de suplantación de identidad en Colombia. Ahora, una nueva ley promete cambiar ese panorama y darle más garantías a los ciudadanos afectados.

Se trata de la Ley 2573 de 2026, una norma que establece nuevas obligaciones para bancos, operadores móviles y comercios cuando una persona denuncie que usaron sus datos personales para sacar créditos, comprar productos o adquirir servicios sin permiso.

La principal novedad es que las entidades deberán congelar inmediatamente los cobros mientras verifican si hubo fraude. En otras palabras, si alguien descubre que le abrieron un crédito falso, el banco no podrá seguir cobrando cuotas, intereses ni enviar amenazas de embargo mientras investiga lo ocurrido.

La medida también protege el historial financiero de las víctimas. Durante la revisión del caso, las empresas no podrán reportar a la persona ante centrales de riesgo, evitando que quede marcada financieramente por una deuda que no adquirió.

Sobre las cargas durante el proceso

Además, la ley cambia las cargas dentro del proceso. Antes, muchas víctimas debían pasar meses intentando demostrar que no habían firmado contratos ni solicitado créditos. Con las nuevas reglas, serán las empresas las que deberán probar que la operación sí fue autorizada correctamente.

Por eso, las entidades estarán obligadas a entregar copias de contratos, formularios, grabaciones o cualquier documento utilizado para aprobar productos financieros o servicios.

Otro punto importante es el plazo de respuesta. Bancos, operadores y comercios tendrán máximo diez días hábiles para resolver las reclamaciones relacionadas con suplantación.

Si durante ese análisis encuentran indicios claros de fraude, deberán borrar la deuda y retirar cualquier obligación asociada al ciudadano afectado.

La norma también contempla un mecanismo que beneficia directamente a las víctimas: si la entidad guarda silencio y no responde dentro del tiempo legal, el reclamo se entenderá resuelto a favor del usuario.

En materia tributaria, la ley establece que las empresas deberán informar los casos a la DIAN para evitar problemas fiscales derivados de movimientos hechos por delincuentes utilizando identidades ajenas.

Las nuevas disposiciones también obligan a reforzar los filtros de seguridad digital, validación biométrica y controles tecnológicos para reducir los casos de fraude que afectan cada vez a más colombianos.

Para activar estas protecciones, la víctima deberá reportar rápidamente el caso a la entidad involucrada y presentar denuncia ante la Fiscalía o la Policía Nacional dentro de los 20 días hábiles siguientes.