Dieron luz verde a la extradición de ‘Papá Pitufo’
Él intentó frenar su extradición alegando que la orden de captura en su contra había sido revocada y que su nacionalidad española lo protegía de ser entregado a Colombia.
La justicia portuguesa ha dado un paso definitivo para la extradición de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, al desestimar los argumentos de su defensa y rechazar la posibilidad de persecución política.
El Tribunal de Apelación de Oporto confirmó la medida que permitirá a las autoridades colombianas procesarlo por lavado de activos, corrupción, concierto para delinquir y contrabando.
Marín, quien permanece detenido en Portugal desde diciembre de 2024, intentó frenar su extradición alegando que la orden de captura en su contra había sido revocada y que su nacionalidad española lo protegía de ser entregado a Colombia.
Sin embargo, la Procuraduría General adjunta de Portugal rechazó estos argumentos y mantuvo su reclusión para evitar una posible fuga, estableciendo una prórroga de 80 días en caso de apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Podría extenderse el proceso
El proceso podría extenderse aún más debido a una solicitud de asilo presentada por Marín, cuya resolución podría demorar entre 80 y 100 días. Mientras tanto, en Colombia, su caso ha provocado una polémica política, luego de que se revelara que habría financiado la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Petro ordenó la devolución inmediata del dinero tras conocerse el hecho, lo que desató críticas y reacciones dentro de su gobierno, sobre todo por la supuesta intervención del exembajador Armando Benedetti.
Las investigaciones también han sacado a la luz la colaboración de altos mandos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) con la red de corrupción liderada por Marín. Entre los implicados están el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, el coronel retirado Alexander Galeano Ardila y el intendente José Heli Alzate Moncayo, alias ‘Alejo’. Registros judiciales revelan que entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 se llevaron a cabo múltiples encuentros entre los miembros de la organización y agentes de la Policía Nacional, en los que se pactaron sobornos que incluían pagos en efectivo, viajes y vehículos.
A pesar de la decisión del Tribunal de Apelación, la última palabra sobre la extradición está en manos del Tribunal Supremo de Justicia de Portugal, que tiene un plazo de 65 días para pronunciarse. Por ahora, Marín sigue bajo custodia, y su única alternativa para evitar su traslado a Colombia sería que su solicitud de refugio sea aceptada, aunque fuentes gubernamentales consideran que esto es poco probable. Además, han surgido especulaciones sobre un posible interés de Estados Unidos en el caso, aunque hasta la fecha no hay una petición oficial de extradición por parte de ese país.
