Investigan a Movistar por dilatar portabilidad a usuarios
De acuerdo con la entidad, la compañía habría incurrido en dos conductas que afectan directamente los derechos de los consumidores.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una nueva investigación contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC —Movistar—, tras recibir múltiples denuncias sobre posibles fallas en el proceso de portabilidad numérica, mecanismo que permite a los usuarios cambiar de operador sin perder su número telefónico.
De acuerdo con la entidad, la compañía habría incurrido en dos conductas que afectan directamente los derechos de los consumidores. La primera se relaciona con demoras o falta de entrega del Número de Identificación Personal (NIP), código indispensable para validar el cambio de operador. La segunda apunta al ofrecimiento de incentivos a clientes que ya habían iniciado el proceso de portación, práctica expresamente prohibida por la regulación, ya que puede interferir con la libre elección del usuario y distorsionar la competencia.
Medidas preventivas
Mientras avanza la investigación, la SIC impuso medidas preventivas que obligan a Movistar a respetar los tiempos legales para el envío del NIP —no mayores a cinco minutos en el 95% de los casos y nunca superiores a diez minutos—, incluso si el servicio del usuario está suspendido. La empresa también deberá abstenerse de enviar mensajes publicitarios a quienes estén en proceso de portabilidad.
En caso de comprobarse las infracciones, la empresa podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Este no es el primer tropiezo de Movistar con la autoridad de vigilancia. En septiembre de 2024, fue sancionada con una multa superior a 718 millones de pesos por activar líneas móviles sin entregar la SIM correspondiente y por iniciar procesos de portación sin el consentimiento de los usuarios, violando así principios de transparencia e información.
La actual resolución no admite recurso alguno, al tratarse de una actuación de trámite. Sin embargo, Movistar tiene quince días para presentar sus argumentos, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.
