Gobierno apela decisión que frenó el aumento del salario mínimo y pide revertir orden del Consejo de Estado
El Gobierno asegura que la decisión judicial excede la medida cautelar
La controversia jurídica por el incremento del salario mínimo dio un nuevo giro. El Gobierno nacional acudió ante el Consejo de Estado con un recurso de súplica para que se revoque la determinación que dejó en suspenso el Decreto 1469 de 2025, norma que fijó el ajuste salarial para este año.
La medida provisional había sido adoptada por el alto tribunal dentro de una demanda presentada por el ciudadano Carlos Francisco Soler Peña contra la Nación, representada por los ministerios de Hacienda y Trabajo, así como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). En el auto fechado el 12 de febrero, además de suspender el decreto, se otorgó un plazo de ocho días al Ejecutivo para expedir un acto administrativo transitorio mientras se profiere la sentencia de fondo.
Frente a ese escenario, el equipo jurídico del Gobierno sostiene que la decisión judicial excede el alcance de las medidas cautelares. En su recurso, plantea que este tipo de determinaciones deben tener un carácter instrumental y temporal, orientadas a evitar afectaciones mientras avanza el proceso, pero no a reemplazar de forma provisional la regulación vigente ni a introducir cambios sustanciales en la política salarial.
La perspectiva oficial
Desde la perspectiva oficial, ordenar la expedición de un decreto transitorio equivale, en la práctica, a sustituir el acto administrativo suspendido, lo que podría anticipar los efectos de una eventual sentencia definitiva sin que se haya realizado el análisis de fondo correspondiente.
Por ello, las carteras involucradas y el DAPRE pidieron al alto tribunal que revoque el auto que frenó el Decreto 1469 de 2025. De manera subsidiaria, solicitaron que se elimine o modifique la instrucción relacionada con el régimen transitorio y que cualquier medida cautelar se limite a actuaciones de seguimiento o informativas, sin intervenir directamente en la fijación del salario mínimo.
El Consejo de Estado deberá ahora resolver el recurso y definir si mantiene la suspensión provisional o permite que el decreto vuelva a surtir efectos mientras continúa el trámite judicial.
