Familia de periodista Mateo Pérez cuestiona presunto uso político del caso durante búsqueda y recuperación del cuerpo en Antioquia

La recuperación del cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia, no solo cerró un proceso de búsqueda marcado por la complejidad del orden público en el territorio, sino que abrió una controversia pública tras las denuncias de su familia sobre el manejo del caso.

El hallazgo se produjo el 8 de mayo de 2026, en el marco de una misión humanitaria en la que participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo, luego de varios días en los que las condiciones de seguridad impidieron el acceso directo de las autoridades a la zona.

El periodista, de 25 años, habría sido asesinado por disidencias de las Farc, según información oficial, en un hecho que generó amplia atención nacional por tratarse de un nuevo caso de violencia contra la prensa en regiones con presencia armada.

Sin embargo, el centro del debate se trasladó posteriormente a las redes sociales, luego de que un familiar del comunicador, identificado como @malditasgafas, publicara un extenso hilo en el que cuestionó la forma en que se gestionó la atención institucional del caso.

«Exposición pública del caso»

En su pronunciamiento, el familiar habló de una posible utilización del dolor de la familia y de la memoria del periodista en medio de la exposición pública del caso.

En el mismo mensaje, aseguró que algunas de las gestiones iniciales para avanzar en la búsqueda habrían sido impulsadas por la senadora Isabel Zuleta (@ISAZULETA), quien —según su relato— activó contactos institucionales y realizó llamados al Gobierno nacional para facilitar la recuperación del cuerpo.

También señaló que la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no habría tenido efectos concretos en el desarrollo de las labores de búsqueda, y cuestionó que su intervención respondiera más a una exposición mediática que a un aporte operativo en terreno.

El hilo del familiar incluyó además referencias a la visita del mandatario al municipio de Yarumal, la cual fue informada previamente por el propio gobernador en su cuenta de X, donde manifestó haberse reunido con los padres del periodista.

Para la familia, este tipo de acciones terminó generando incomodidad por la forma en que el caso fue abordado públicamente, en medio de un proceso que, según insisten, debía mantenerse enfocado en la búsqueda y recuperación del comunicador.

El proceso de localización contó con el acompañamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), periodistas de la región y organizaciones humanitarias como el CICR y la Defensoría del Pueblo, que finalmente lograron el ingreso al territorio.

La denuncia del familiar ha reabierto el debate sobre la forma en que algunos casos de alto impacto pueden ser abordados desde distintos frentes institucionales y políticos, especialmente en contextos marcados por la violencia y la sensibilidad de las víctimas.

Mientras tanto, el caso de Mateo Pérez Rueda se suma a las cifras de violencia contra la prensa en Colombia, en un contexto en el que la FLIP ha advertido que el ejercicio periodístico en zonas de conflicto sigue representando un alto riesgo.