Evalúan frenar efectos de la emergencia económica
Corte Constitucional evalúa frenar efectos de la emergencia económica decretada por Petro
La declaratoria de emergencia económica firmada por el Gobierno nacional entró en una fase crítica de revisión judicial. El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, elevó una petición formal para que la Sala Plena suspenda de manera provisional los efectos del decreto mientras avanza el examen de fondo sobre su legalidad.
La iniciativa del magistrado se produce tras cumplirse el primer mes de vigencia del estado de excepción decretado el 22 de diciembre y en medio de una creciente presión jurídica. Al despacho de la Corte han llegado al menos 18 solicitudes de distintos sectores —entre ellos políticos, expertos en derecho y organizaciones— que advierten sobre el impacto continuo de la medida sin un pronunciamiento definitivo del tribunal.
El estudio principal está en manos del magistrado Carlos Camargo, oriundo de Cereté, Córdoba, quien actúa como ponente del decreto que dio origen a la emergencia. Aunque no hay una decisión inmediata programada sobre la constitucionalidad del mecanismo, la Sala Plena sesionará el próximo 23 de enero y tiene en su orden del día un expediente relacionado con el tema, lo que deja abierta la posibilidad de un primer debate.
Al interior del alto tribunal existen diferencias de criterio. Camargo, asociado al sector conservador de la Corte, analiza el decreto central que habilitó la emergencia, mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés, cercano a posturas liberales, tiene a su cargo la revisión de uno de los decretos derivados, el que introdujo cambios en el régimen tarifario de los licores.
Como parte del proceso, el despacho ponente solicitó información detallada al Ejecutivo. Entre los requerimientos figuran documentos sobre la situación administrativa de los ministros que suscribieron el decreto —incluida Irene Vélez en su condición de ministra encargada de Ambiente— y las pruebas que respalden el cumplimiento de los requisitos formales y de motivación exigidos por la Constitución. El Gobierno tuvo plazo hasta el 21 de enero para responder.
La Corte también pidió precisiones sobre el deber de notificar a instancias internacionales. Desde 1994, Colombia está obligada a informar a la OEA y a la ONU cada vez que declara un estado de excepción. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha confirmado públicamente si realizó dichas comunicaciones.
Mientras se aclara el panorama, la emergencia económica y las normas expedidas bajo su amparo continúan vigentes, a la espera de que el máximo órgano constitucional del país defina si se mantienen o si quedan en pausa por decisión de la Sala Plena.
