EE. UU. pagará $50.000 dólares a civiles para perseguir a migrantes irregulares
Las políticas migratorias cada vez son más agudas en la potencia norteamericana
El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado una agresiva estrategia de expansión migratoria con dos ejes principales: una masiva campaña de reclutamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un controvertido plan de autodeportación dirigido a migrantes indocumentados.
Con el objetivo de alcanzar hasta un millón de deportaciones anuales, la administración ha comenzado a ofrecer bonos de hasta $50.000 dólares a ciudadanos estadounidenses que se sumen a ICE como agentes de deportación, fiscales o investigadores. La iniciativa está respaldada por un paquete presupuestal de $170.000 millones de dólares aprobado por el Congreso, del cual más de $76.000 millones se destinarán exclusivamente a ICE en los próximos cinco años.
La campaña de reclutamiento recurre a gráficos patrióticos con estética militar, imágenes del expresidente Donald Trump y consignas como “AMERICA NEEDS YOU” y “DEFEND THE HOMELAND”, apelando al sentido de deber nacional. Además del bono de firma, se ofrecen incentivos como horas extras, perdón de préstamos estudiantiles y reembolso educativo.
El retorno voluntario
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha impulsado un programa de retorno voluntario que ofrece a migrantes sin estatus legal $1.000 dólares y el pago del viaje de regreso a través de la app CBP Home (anteriormente CBP One). Quienes se inscriban, según el DHS, no serán detenidos mientras organizan su salida y podrían conservar la posibilidad de solicitar ingreso legal en el futuro.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida señalando que es “la manera más segura, digna y eficiente en costo” de abordar la crisis migratoria, aludiendo a que el programa reduce hasta en un 70 % el costo promedio de una deportación formal, estimado en más de $17.000 dólares por persona.
Sin embargo, no han tardado en aparecer las voces críticas. Exfuncionarios de ICE advierten que la aceleración en las contrataciones podría traducirse en una baja en los estándares de capacitación y evaluación, con consecuencias como violaciones de derechos y alta rotación de personal, algo que ya ocurrió en expansiones pasadas.
A su vez, organizaciones pro-migrantes alertan que el plan de retorno voluntario puede poner en riesgo a personas con procesos legales abiertos, como solicitudes de asilo o apelaciones pendientes. Abandonar el país, incluso de manera voluntaria, podría ser interpretado como abandono de su caso ante las cortes migratorias.
Ambas medidas llegan en un momento electoral clave, donde la política migratoria vuelve a ocupar el centro del debate nacional. Mientras la administración busca proyectar control y firmeza en la frontera, defensores de derechos humanos temen que las nuevas estrategias prioricen cifras sobre justicia y protección.
