Cruz Roja Internacional advierte vacío institucional frente a desapariciones ocurridas tras el Acuerdo de Paz
La situación, según el CICR, exige respuestas inmediatas del Estado para ampliar el alcance institucional y garantizar el derecho a la verdad de todas las familias, sin importar el momento en que ocurrió la desaparición.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó que Colombia carece de un mecanismo estatal humanitario que atienda los casos de desaparición forzada ocurridos después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en diciembre de 2016. La advertencia fue hecha este 30 de agosto, en el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, fecha en la que el organismo reafirmó su compromiso con las familias que aún no conocen la suerte de sus seres queridos.
Según cifras recopiladas por el CICR, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2025 se han documentado 2.144 desapariciones en el país, de las cuales 1.380 aún no han sido resueltas. Las víctimas, en su mayoría civiles, incluyen 201 niñas, niños y adolescentes. Si bien en 574 casos las personas fueron halladas con vida y en 190 se confirmó su fallecimiento, la gran mayoría de familias continúa enfrentando un limbo institucional, sin claridad ni apoyo para iniciar o avanzar en los procesos de búsqueda.
Actualmente, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) solo tiene competencia para investigar desapariciones previas a la entrada en vigor del Acuerdo de Paz. Esto, señala el CICR, ha dejado por fuera del sistema de atención humanitaria a miles de personas afectadas por desapariciones ocurridas en los últimos ocho años, muchas de ellas en contextos de violencia armada persistente en distintas regiones del país.
«Es fundamental que exista una alternativa humanitaria estatal que cubra todas las desapariciones», indicó Cleber Kemper, coordinador adjunto de Protección del CICR en Colombia. En su declaración, también hizo énfasis en el sufrimiento prolongado que implica la incertidumbre para las familias: “No saber qué pasó con un ser querido es una herida abierta (…) es un dolor que no termina”.
El organismo también llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer el sistema de identificación de cuerpos, una tarea que recae principalmente en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Aunque esta entidad realiza esfuerzos importantes, su capacidad operativa es limitada frente a la magnitud del reto. La falta de recursos técnicos, humanos y de infraestructura retrasa procesos clave para esclarecer el destino de personas desaparecidas en el marco del conflicto y otras formas de violencia.
El CICR insistió en que el derecho internacional humanitario obliga a todas las partes en conflicto a prevenir las desapariciones y a garantizar información oportuna sobre el paradero de las víctimas. También recordó que el contacto entre personas privadas de libertad y sus familias debe asegurarse, así como la gestión adecuada e identificación de personas fallecidas.
La situación, según el CICR, exige respuestas inmediatas del Estado para ampliar el alcance institucional y garantizar el derecho a la verdad de todas las familias, sin importar el momento en que ocurrió la desaparición.
