Cuba amplía espacio para la inversión privada y permite participación en sectores estratégicos de la economía

El gobierno cubano anunció una nueva apertura para la actividad privada en sectores que durante décadas estuvieron bajo control estatal, como parte de un paquete de medidas orientadas a modificar el funcionamiento de su economía y enfrentar la prolongada crisis que atraviesa la isla.

Entre las áreas que ahora podrán contar con participación de empresarios privados se encuentran la distribución de combustibles, servicios farmacéuticos y ópticos, residencias para adultos mayores, terminales de transporte de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables y algunas actividades relacionadas con la explotación petrolera y minera, bajo condiciones específicas.

Las modificaciones fueron anunciadas luego de que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara un conjunto de 176 medidas destinadas a ampliar los espacios para la economía de mercado. De acuerdo con los medios oficiales cubanos, los cambios permitirán extender las posibilidades de operación para emprendedores y empresarios privados.

Sin embargo, sectores considerados pilares del modelo socialista permanecerán bajo administración estatal. La atención médica continuará siendo responsabilidad del Estado y los servicios hospitalarios seguirán siendo gratuitos para la población, según las autoridades cubanas.

La educación también seguirá bajo control público, aunque se contemplan espacios para iniciativas privadas relacionadas con guarderías, enseñanza de idiomas y tutorías. Asimismo, continuarán restringidos para el sector privado ámbitos como los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad, la defensa y la industria tabacalera.

Una luz para la crisis

El anuncio ocurre en medio de una de las mayores crisis económicas de Cuba en las últimas décadas, marcada por dificultades en el suministro de alimentos, combustible, medicamentos, agua potable y energía eléctrica. La situación se ha agravado por las sanciones económicas de Estados Unidos, especialmente durante la administración del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense mantiene una política de presión contra La Habana y ha señalado que Cuba representa una «amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de su país. Frente a estas medidas, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha acusado a Washington de intentar afectar la soberanía de la isla mediante una política que calificó como «genocida».

Dentro de las reformas anunciadas también se contempla acelerar la aprobación de pequeñas y medianas empresas privadas, un proceso iniciado en 2021. Según cifras oficiales, más de 15.000 mipymes funcionan actualmente en Cuba y generan empleo para una parte significativa de la población activa.

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional también fueron revisados proyectos relacionados con agricultura, vivienda, reorganización administrativa y legislación laboral. En materia agrícola, se mantendrá la propiedad estatal de la tierra, aunque se ampliarán las condiciones de usufructo para agricultores, cooperativas y empresas privadas nacionales y extranjeras.

En cuanto al acceso a vivienda, las nuevas disposiciones permitirán a los ciudadanos cubanos tener hasta dos propiedades residenciales en zonas urbanas, cuando anteriormente solo estaba permitido poseer una, además de habilitar la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios.

Las medidas representan uno de los mayores giros recientes en el modelo económico cubano, al incorporar mayores espacios para la iniciativa privada sin modificar el control estatal sobre sectores considerados estratégicos.