Acusación contra Raúl Castro reabre tensión entre Washington y La Habana

Tres décadas después del derribo de dos avionetas en el Caribe, la justicia de Estados Unidos decidió imputar al exmandatario Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el operativo militar que dejó cuatro personas fallecidas en 1996.

La acusación fue presentada ante una corte federal de Florida y también involucra a otros militares cubanos relacionados con el caso de las aeronaves pertenecientes a Hermanos al Rescate.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Castro habría participado en la orden de derribar las avionetas cuando ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El expediente incluye delitos como asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves. El caso volvió a tomar fuerza luego de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación presentada en abril.

Acciones judiciales activas

Durante una intervención en Miami, el fiscal interino Todd Blanche defendió la decisión y aseguró que la administración de Donald Trump mantendrá acciones judiciales frente a ataques contra estadounidenses.

“El presidente Trump está comprometido a restaurar un principio muy simple, pero importante: si matas estadounidenses, te perseguiremos, no importa quién seas, no importa qué título tengas, y en este caso, no importa cuánto tiempo haya pasado”, expresó.

Desde Cuba, el gobierno reaccionó rechazando la medida. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la acusación como una maniobra política y defendió la actuación militar realizada en 1996.

“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, manifestó.

El episodio sigue siendo uno de los puntos más delicados en la historia reciente entre ambos países, especialmente por la disputa sobre el lugar donde ocurrió el derribo. Mientras Cuba sostiene que las aeronaves violaron su espacio aéreo, organismos internacionales concluyeron que el hecho se registró en aguas internacionales.

La imputación ocurre además en un momento de creciente presión económica y diplomática sobre Cuba, marcada por dificultades energéticas, escasez y cuestionamientos internacionales sobre la situación humanitaria en la isla.