Consejo de Estado investigará a Verónica Alcocer
Tres de sus viajes más polémicas están citados en la demanda admitida
Un ciudadano particular presentó ante el Consejo de Estado una demanda en contra de la primera dama, Verónica Alcocer, alegando que está ha desarrollado funciones que no le corresponden y que han representado un gasto millonario para el Gobierno.
Dichas acciones tienen que ver con los viajes diplomáticos que ha realizado, aún y cuando ella no es una funcionario de Estado. Recordemos que estuvo en la delegación que viajó a Inglaterra al funeral de la reina Isabel II, también al funeral de Estado del exprimer ministro, Shinzo Abe, que se llevó a cabo en Japón; y a uno conferencia de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Estados Unidos.
De acuerdo con el alegato del demandante, no existe «ninguna norma constitucional y legal» que le permita «al presidente nombrar o designar a su esposa (o a otro familiar), o comisionarla para viajes al exterior con cargo a recursos públicos».
«Para misiones especiales, el presidente cuenta con la facultad de nombrar a los embajadores y cónsules en el exterior, e incluso existe la figura del vicepresidente, que si es servidor público. Existen miles de servidores nombrados directa o indirectamente por el señor presidente, pero sin que se pueda considerar a sus familiares por estar prohibido», agregó.
En tal sentido, la demanda que admitió el Consejo de Estado el pasado 25 de abril, dice que lo ocurrido con la primera dama «afecta de manera nociva el orden público, económico y moral, por nombrar, designar como embajadora a la esposa del Presidente y ordenar el pago de viáticos y pasajes con cargo a recursos del erario público nacional».
Las «intromisiones» de Alcocer
Vale decir que los viajes no son la única razón por la que a Verónica Alcocer se le señala de cumplir acciones que no le corresponden. Hace menos de dos semanas estuvo envuelta en otra polémica, porque al parecer intervino en una reunión que se hizo a puerta cerrada sobre la reforma a la salud, después de que el debate en el Congreso no diera ningún resultado positivo a favor de la iniciativa que promueve el Gobierno.
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